NUEVAS LICENCIAS
Alicante limitará los nuevos pisos turísticos por barrios

Cada una de las 26 zonas tendrá sus propias condiciones para admitir nuevos alojamientos, en función de las plazas turísticas existentes y de la población residente.
Alicante prepara una nueva regulación que impedirá abrir más pisos turísticos en los barrios donde se supere una proporción de 1,56 viviendas de uso turístico por cada cien viviendas existentes. La propuesta municipal divide la ciudad en 26 zonas y condiciona la autorización de nuevos alojamientos a la concentración turística de cada área, con restricciones que también afectarán a hoteles, apartamentos turísticos y establecimientos situados en bajos comerciales.
El Ayuntamiento de Alicante ha revisado la modificación puntual número 52 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) después de estudiar las alegaciones presentadas durante su primera exposición pública y las recomendaciones de la Dirección General de Turismo de la Generalitat Valenciana. Los cambios se han recogido en un decreto publicado este miércoles, 18 de noviembre, que acuerda someter nuevamente el documento a información pública. La normativa, por tanto, todavía no está aprobada definitivamente.
La principal novedad es que la presión turística dejará de medirse exclusivamente mediante secciones censales y pasará a evaluarse en unidades territoriales más amplias, aproximadamente coincidentes con los barrios. Cada una de las 26 zonas tendrá sus propias condiciones para admitir nuevos alojamientos, en función de las plazas turísticas existentes y de la población residente.
Para determinar qué barrios pueden seguir incorporando establecimientos, el Ayuntamiento utilizará el Indicador de Presión de Alojamientos Turísticos (IPAT). Este índice relaciona las plazas registradas oficialmente con el número de habitantes y establece actualmente una media de referencia de 7,19 plazas turísticas por cada cien residentes.
Las zonas que se encuentren por debajo de esa cifra se considerarán de crecimiento controlado. En ellas podrán autorizarse nuevas plazas de alojamiento hasta alcanzar el límite correspondiente, siempre que se cumplan las demás condiciones urbanísticas.
En los barrios que registren entre 7,19 y 14,38 plazas turísticas por cada cien habitantes, ambos valores incluidos, se aplicará un régimen de mantenimiento. Esto significa que únicamente podrán incorporarse nuevos alojamientos o ampliarse los existentes cuando anteriormente se hayan dado de baja tantas plazas como las que se pretenda añadir, salvo las excepciones contempladas en la regulación.
La situación será más restrictiva en las áreas que superen las 14,38 plazas por cada cien residentes. Estas pasarán a considerarse zonas de decrecimiento, donde no se permitirán nuevas plazas turísticas aunque hayan cerrado otros establecimientos. La propuesta contempla una excepción para determinadas actuaciones de excelencia turística sujetas a requisitos específicos.
Además de estos límites generales, las viviendas de uso turístico estarán sometidas a un segundo control destinado específicamente a medir su presencia dentro del parque residencial. Se trata del Índice de Sustitución de Viviendas por Alojamiento Turístico (ISVAT), que establece inicialmente un máximo de 1,56 pisos turísticos por cada cien viviendas en cada unidad territorial.
Este segundo indicador será determinante para las nuevas autorizaciones. Un barrio podría disponer todavía de margen para aumentar sus plazas turísticas según el IPAT, pero no admitir nuevas viviendas de uso turístico si con ellas se supera el límite del 1,56 %. Los dos indicadores se revisarán anualmente con datos oficiales.
La revisión del planeamiento también introduce restricciones a la conversión de viviendas y edificios residenciales en establecimientos turísticos. Como regla general, no se permitirá transformar inmuebles destinados a residencia habitual en hoteles, hostales o bloques de apartamentos turísticos.
No obstante, se contemplan dos supuestos excepcionales. El primero permitirá determinadas actuaciones de rehabilitación integral en edificios catalogados. El segundo afectará a edificios residenciales completos declarados legalmente en ruina, cuya transformación únicamente podrá autorizarse, bajo condiciones específicas, en zonas de crecimiento controlado.
Las viviendas turísticas individuales mantendrán su consideración urbanística de uso residencial cuando se instalen en viviendas existentes, aunque deberán respetar tanto las condiciones de implantación como los dos índices de concentración establecidos.
Otro de los cambios afectará a los locales comerciales. La nueva normativa prohibirá instalar alojamientos turísticos, incluidas las viviendas de uso turístico, en las plantas bajas de los ejes comerciales y de barrio que se delimiten. La finalidad es reservar estos espacios para actividades comerciales y otros usos compatibles con la vida cotidiana de los residentes.
En los edificios destinados exclusivamente al alojamiento turístico, las plantas bajas tampoco podrán utilizarse como habitaciones o apartamentos. Deberán reservarse para actividades abiertas al público, con la excepción de las dependencias necesarias para el funcionamiento del establecimiento.
La regulación elimina, por otra parte, una de las exigencias que figuraban en la propuesta anterior. Las viviendas de uso turístico situadas en edificios residenciales ya no estarán obligadas a disponer de una entrada independiente, una condición cuya aplicación había suscitado dificultades en los inmuebles existentes y observaciones durante la tramitación.
El texto incorpora también un régimen transitorio para los alojamientos turísticos que ya desarrollan legalmente su actividad. Prevé un tratamiento específico para determinadas situaciones anteriores a la suspensión de licencias, particularmente cuando existan informes municipales favorables de compatibilidad urbanística o certificados equivalentes de entidades colaboradoras urbanísticas, siempre que se cumplan los requisitos y plazos correspondientes.
Para controlar las nuevas implantaciones, el Ayuntamiento pretende establecer un certificado municipal que permita comprobar cuántas plazas turísticas pueden autorizarse en cada zona y reservar esa capacidad para los proyectos que cumplan los requisitos. En las áreas residenciales unifamiliares situadas fuera de las 26 unidades funcionales se fija, además, un máximo de una vivienda turística por manzana.
El concejal de Urbanismo, Antonio Peral, sostiene que el nuevo sistema busca adaptar las condiciones de implantación a las características de cada barrio y establecer criterios de autorización que puedan justificarse jurídicamente. La revisión incorpora asimismo un régimen excepcional para proyectos considerados de especial interés estratégico, relacionados con la diversificación de la actividad turística, la reducción de su estacionalidad o la recuperación de inmuebles protegidos.
La tramitación se produce mientras Alicante mantiene una moratoria de licencias para alojamientos turísticos. La suspensión comenzó en diciembre de 2024 para las viviendas turísticas ubicadas en edificios residenciales y se amplió en julio de 2025 a otras modalidades de alojamiento. En septiembre de 2026, el Ayuntamiento informó de que durante ese año había abierto 57 expedientes de investigación relacionados con viviendas turísticas, iniciado 26 expedientes sancionadores y acordado nueve suspensiones de actividad.





















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