POLÍTICA
Elecciones 29N: las propuestas de PP, PSOE, Vox y Compromís sobre vivienda

Las rebajas de impuestos, las ayudas a los jóvenes, la construcción de vivienda protegida y las limitaciones al alquiler marcan las diferencias entre los programas electorales.
El acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. El encarecimiento de los alquileres, las dificultades para comprar una primera vivienda y el acceso a la financiación hipotecaria han situado esta cuestión entre los asuntos destacados de los programas electorales para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
En Alicante y su provincia, donde el mercado inmobiliario está marcado por la demanda residencial y turística, las propuestas electorales pueden tener consecuencias para quienes buscan una vivienda, los propietarios que desean alquilar y los jóvenes que quieren independizarse.
El Partido Popular, el PSOE, Vox y Compromís-Front Valencià plantean diferentes medidas sobre construcción, fiscalidad, financiación hipotecaria y regulación de alquileres. Alicante Press ha revisado sus programas para explicar qué propone cada formación y qué cambios podrían introducirse en los próximos años.
PP apuesta por construir un millón de viviendas y reducir los impuestos a los jóvenes
El Partido Popular (PP) sitúa el aumento de la construcción entre sus principales compromisos electorales. Su programa contempla impulsar un millón de viviendas durante la próxima legislatura mediante la movilización de suelo público y privado, una nueva Ley del Suelo y la simplificación de los procedimientos urbanísticos.
Entre las medidas previstas figura reducir a tres meses el plazo para resolver licencias de obra nueva y rehabilitación, con silencio administrativo positivo. También propone facilitar la transformación de oficinas y locales en viviendas, permitir nuevos usos residenciales en determinados suelos y fomentar la construcción industrializada para acortar los plazos de ejecución.
Para los menores de 40 años, el Partido Popular (PP) plantea reducir del 10% al 4% el IVA de la compra de la primera vivienda nueva. En el caso de las viviendas de segunda mano, propone negociar con las comunidades autónomas rebajas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
Otra iniciativa es la denominada Hucha Hogar Joven, una cuenta de ahorro en la que se podrían aportar hasta 2.000 euros anuales con una deducción fiscal del 20%. El ahorro acumulado podría alcanzar los 40.000 euros y permitir acceder a un aval por una cantidad equivalente, con el mismo límite.
En materia de alquiler, el partido de Alberto Núñez Feijóo propone derogar la Ley de Vivienda de 2023 y eliminar los actuales mecanismos de limitación de precios en zonas tensionadas.
Como alternativa, plantea el programa Tres años+, con deducciones fiscales para inquilinos según sus ingresos y ventajas para propietarios que prolonguen los contratos durante tres años con incrementos inferiores al IPC.
En casos de ocupación ilegal, el PP propone procedimientos judiciales para recuperar la vivienda en un plazo de 48 horas.
PSOE plantea ampliar el parque público y ofrecer préstamos sin intereses
El PSOE propone movilizar anualmente el equivalente al 1% del PIB para políticas de vivienda y ampliar la oferta pública mediante construcción, adquisición de inmuebles y colaboración con otras administraciones.
Entre sus compromisos figura constituir un parque estatal de 100.000 viviendas a través de CASA 47, la entidad pública creada para gestionar suelo e inmuebles estatales y desarrollar promociones destinadas a la venta o alquiler asequible.
Los socialistas también plantean continuar con el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros de financiación estatal y autonómica, e impulsar reformas para agilizar los desarrollos urbanísticos.
Para facilitar la primera compra, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado el programa TU CASA, que contempla préstamos públicos sin intereses de hasta 50.000 euros, con un límite del 20% del valor del inmueble, para personas que cumplan los requisitos. Se trata de una medida ya regulada, que el PSOE se compromete a desarrollar y ampliar si resulta necesario.
En el mercado del alquiler, el programa socialista apuesta por mantener la Ley de Vivienda y reforzar la regulación en los municipios declarados zonas tensionadas.
También propone ampliar la duración de determinados contratos, mantener mecanismos de contención de precios y ofrecer incentivos fiscales a los propietarios que reduzcan las rentas. Las medidas se acompañan de ayudas a inquilinos y protecciones específicas para hogares vulnerables.
Vox propone eliminar los impuestos de la primera vivienda y dar prioridad a los españoles
Vox incluye entre sus compromisos una reducción de los impuestos asociados a la adquisición de vivienda, junto con medidas para ampliar la construcción y modificar la regulación del alquiler.
Para las familias españolas que compren su primera vivienda habitual, propone aplicar un IVA del 0% cuando se trate de obra nueva y bonificar el 100% del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales si la vivienda es de segunda mano.
También plantea recuperar la deducción en el IRPF por adquisición de vivienda habitual, reformar la Ley del Suelo y simplificar los trámites administrativos para aumentar la construcción.
La formación de Santiago Abascal propone incrementar la inversión en vivienda protegida mediante cesiones de suelo, subvenciones, avales, créditos blandos y colaboración público-privada.
En cuanto a los alquileres, Vox plantea derogar la Ley de Vivienda de 2023, establecer incentivos fiscales para los contratos de larga duración y aplicar deducciones para inquilinos españoles.
Una de sus propuestas es introducir el principio de prioridad nacional en el acceso a vivienda protegida, vivienda social y ayudas al alquiler, lo que requeriría modificaciones normativas.
El partido también propone desalojos de viviendas ocupadas ilegalmente en menos de 24 horas, endurecer las sanciones penales por ocupación y exigir la acreditación de residencia legal para formalizar contratos de arrendamiento.
Compromís-Front Valencià propone limitar las compras especulativas y ampliar el alquiler público
Compromís-Front Valencià, candidatura que concurre a las elecciones generales en la Comunitat Valenciana, plantea aumentar la intervención pública sobre el mercado inmobiliario y ampliar el parque de vivienda protegida.
Su programa propone destinar anualmente el 1% del PIB a la adquisición y promoción de viviendas públicas o protegidas, mediante actuaciones de las administraciones y fórmulas de colaboración con cooperativas y entidades sin ánimo especulativo.
Entre sus medidas para facilitar la compra figura eximir del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales a quienes adquieran su primera vivienda por un valor inferior a 350.000 euros.
La coalición también propone restringir la adquisición de inmuebles por fondos considerados especulativos, limitar temporalmente las compras de viviendas por personas no residentes en zonas tensionadas y aprobar mecanismos de expropiación sobre inmuebles de grandes propietarios corporativos.
En materia de alquiler, defiende que los contratos indefinidos sean la modalidad ordinaria, manteniendo el derecho del propietario a recuperar el inmueble por necesidad personal o familiar.
Además, propone otorgar a los ayuntamientos competencias para declarar zonas tensionadas y aplicar medidas de control de los precios.
En fiscalidad inmobiliaria, plantea aumentar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales a partir de la tercera propiedad y establecer nuevos gravámenes sobre la acumulación de viviendas, con excepciones para determinados usos residenciales y sociales.
El acceso a la vivienda sigue siendo un problema pendiente
Las propuestas de los partidos plantean diferentes vías para abordar el acceso a la vivienda: ampliar la construcción, reducir los impuestos de compra, facilitar financiación, aumentar el parque público o intervenir en los precios del alquiler.
Su aplicación dependerá de las reformas legales y presupuestarias que se aprueben después de las elecciones. Las medidas sobre impuestos autonómicos, suelo y vivienda protegida necesitarán también la participación de las administraciones competentes.
Los efectos de las propuestas deberán valorarse teniendo en cuenta la evolución de los precios, las viviendas efectivamente construidas y la oferta disponible para compradores e inquilinos.




















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