La Generalitat Valenciana prevé destinar 13,71 millones de euros a una nueva fase de mejora de las infraestructuras hidráulicas de la Vega Baja, con actuaciones en once acequias y azarbes de la comarca. El proyecto busca recuperar la capacidad de las conducciones tradicionales de riego y facilitar la evacuación del agua durante los episodios de lluvias intensas, con el fin de reducir el riesgo de inundaciones en zonas agrícolas y núcleos de población próximos.

La inversión corresponde a la tercera fase del plan de acondicionamiento de la red hidráulica de la comarca. Aunque el proyecto ya cuenta con un informe favorable de supervisión, todavía está pendiente de formalizarse su encargo a Tragsa, previsto para finales de 2026. Por tanto, las nuevas actuaciones aún no se encuentran en ejecución.

Los trabajos previstos afectarán a infraestructuras gestionadas por distintas entidades de regantes, entre ellas el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y Pueblos de su Marco, el Sindicato General de Aguas de San Fulgencio, el Juzgado Privativo de Aguas de Callosa de Segura, la Comunidad de Regantes de Catral y el Juzgado Privativo de Aguas de Alfetami, en Almoradí.

Las intervenciones se centrarán en mejorar el funcionamiento de las conducciones y recuperar su capacidad hidráulica para transportar y evacuar caudales. Se trata de actuaciones que pretenden reforzar tanto el servicio agrícola como la seguridad de las explotaciones y los espacios próximos a estas infraestructuras durante los periodos de precipitaciones intensas.

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha abordado el proyecto durante una reunión con la junta directiva del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, en la que también se han analizado las dificultades que atraviesa el sector agrario por la falta de disponibilidad de caudales del trasvase Tajo-Segura.

Según las estimaciones trasladadas por el responsable autonómico, la ausencia de los volúmenes de agua autorizados y pendientes de recibir podría ocasionar pérdidas económicas superiores a 80 millones de euros en la agricultura de la provincia de Alicante.

Barrachina ha señalado que cada hectómetro cúbico destinado al regadío genera alrededor de cuatro millones de euros de riqueza y sostiene 86 empleos directos. A partir de estos cálculos, la Conselleria estima que la falta de agua podría comprometer cerca de 1.750 puestos de trabajo y unos 380.000 jornales.

El conseller ha atribuido parte de esta situación a los retrasos en las reparaciones y al mantenimiento de las infraestructuras estatales vinculadas al trasvase, cuyos trabajos, según ha manifestado, se prolongarán hasta el próximo año.

La dependencia de estos recursos hídricos es especialmente significativa en las explotaciones tradicionales de la Vega Baja. El Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela gestiona una superficie de 6.790,93 hectáreas de cultivo y agrupa a cerca de 12.000 regantes de municipios como Orihuela, Algorfa, Benejúzar, Bigastro, Jacarilla, Rafal y Redován, entre otros.

En este ámbito agrícola, seis de cada diez litros de agua utilizados para el riego proceden de las aportaciones del trasvase Tajo-Segura, según los datos facilitados por la administración autonómica.

Durante su visita a la comarca, Barrachina también ha conocido la nueva estructura de paso de la acequia de Alquibla, una actuación con una inversión de 958.348 euros.

Las obras incluyen una cimentación mediante pilotes prefabricados, la instalación de una estructura metálica preparada para soportar la presión del agua y la construcción de tramos de transición de hormigón armado. El sistema empleado está diseñado para reducir los tiempos de ejecución y limitar las interrupciones del suministro de riego a los agricultores.

Esta intervención forma parte de un proyecto de mayor alcance, dotado con 4,7 millones de euros, para acondicionar conducciones tradicionales de regadío en San Fulgencio, Crevillent, Catral y Orihuela. El encargo correspondiente a estas actuaciones fue autorizado en diciembre de 2023.

El Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, una de las entidades implicadas en la gestión de estas infraestructuras, está reconocido como tribunal consuetudinario y tradicional y cuenta con la declaración de Bien de Interés Cultural inmaterial.