La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha el procedimiento para adquirir dos viviendas de protección pública del residencial Les Naus, situado en la Playa de San Juan de Alicante, cuyos propietarios están investigados por las presuntas irregularidades en la adjudicación de los inmuebles. Se trata de los pisos de la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, y del promotor Francisco Ordiñana, vinculado a la empresa Fraorgi y adjudicatario de un ático en el complejo.

La administración autonómica ha activado el mecanismo de compra preferente, conocido como derecho de tanteo, que le permite intervenir en la transmisión de determinadas viviendas protegidas. La actuación se encuentra en fase de tramitación, por lo que todavía no se ha formalizado la adquisición de ninguno de los dos inmuebles.

Fuentes de la Conselleria de Vivienda han confirmado el inicio del procedimiento, una decisión que afecta a dos de las personas incluidas entre los 18 investigados en la causa judicial abierta para esclarecer las circunstancias en las que se adjudicaron las viviendas del residencial alicantino.

La posible venta de ambos pisos ya había trascendido durante la investigación del caso. El pasado 23 de julio, el presidente de la cooperativa responsable de las viviendas, Luis Alberto Meler, también investigado en el procedimiento, compareció ante la comisión constituida en las Cortes Valencianas para abordar las adjudicaciones.

Durante aquella intervención, Meler confirmó que la exconcejala Rocío Gómez tenía intención de desprenderse de su vivienda y señaló que Francisco Ordiñana también pretendía vender el ático que le había correspondido en el complejo.

La Generalitat ha decidido iniciar ahora las actuaciones administrativas para ejercer su derecho de adquisición preferente sobre ambos inmuebles. Desde la Conselleria de Vivienda han señalado que la medida responde a la intención que ya habían manifestado de intervenir en estas operaciones.

El procedimiento administrativo se desarrolla mientras continúa abierta la investigación judicial sobre las adjudicaciones de Les Naus. Ambas actuaciones son independientes, aunque cualquier resolución que afecte a la disponibilidad de las viviendas podría tener consecuencias sobre su tramitación.

En este sentido, fuentes de la Conselleria han precisado que, hasta el momento, el juzgado no les ha comunicado la existencia de medidas cautelares que impidan continuar con el proceso de compra.

No obstante, la administración autonómica contempla la posibilidad de que la magistrada encargada de la investigación adopte posteriormente alguna decisión que obligue a suspender las actuaciones.

La iniciativa de la Generalitat supone un nuevo movimiento en el caso de las viviendas protegidas de Les Naus, cuya adjudicación se encuentra bajo investigación judicial. Por ahora, la actuación se limita a los dos inmuebles cuyos propietarios habían manifestado su intención de vender, sin que se haya confirmado la finalización del procedimiento de adquisición.