González Pons ha defendido la candidatura de Alberto Núñez Feijóo para las elecciones del próximo 29 de noviembre y ha apelado a la movilización de afiliados y simpatizantes. Durante su intervención, ha sostenido que la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas del país y ha responsabilizado al Ejecutivo socialista de no haber ofrecido respuestas suficientes durante los últimos ocho años.

El dirigente popular ha señalado que las dificultades de acceso a una vivienda afectan tanto a los jóvenes como a personas de otras edades, especialmente por los obstáculos para acceder al mercado del alquiler. En este contexto, ha criticado que el Gobierno haya dedicado, a su juicio, más esfuerzos a la comunicación política que a resolver el problema residencial.

La intervención también ha abordado la situación política nacional y, en particular, la salida de Montse Mínguez de la portavocía socialista. González Pons ha cuestionado las circunstancias de su marcha y ha afirmado que no se trató de una dimisión voluntaria ni de un cese, sino de una situación que, en su opinión, ha terminado perjudicando al PSOE por las contradicciones que atribuye a sus dirigentes.

El portavoz popular ha relacionado este episodio con sus críticas a Sánchez y ha reclamado un cambio de Gobierno en las elecciones del 29 de noviembre. También ha acusado al Ejecutivo de dedicar más atención a los problemas políticos que afectan al presidente que a las necesidades de los ciudadanos.

Las críticas a la situación de Mínguez han tenido continuidad en la intervención del presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicent Mompó, quien ha cuestionado su dimisión en plena polémica por los inmuebles vinculados a su pareja. Mompó ha acusado al PSOE de actuar con hipocresía y ha utilizado este episodio para denunciar lo que considera contradicciones entre el discurso público de los socialistas y su actuación política.

El dirigente provincial también se ha referido a las encuestas del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas),, cuyo valor ha relativizado frente al resultado de las urnas. En este sentido, ha llamado a movilizar al electorado popular sin considerar ningún voto asegurado y ha defendido la necesidad de ofrecer respuestas a quienes encuentran cada vez más dificultades para acceder a una vivienda pese a tener empleo y haber desarrollado una trayectoria profesional.

Más allá de la controversia sobre Mínguez, González Pons ha ampliado sus críticas a otros ámbitos de la gestión estatal. Ha cuestionado la ausencia de presupuestos, el funcionamiento de los servicios públicos y el actual sistema de financiación autonómica, que considera perjudicial para las comunidades autónomas y, especialmente, para la Comunitat Valenciana.

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo también ha reprochado al Ejecutivo su gestión en materia de seguridad, inmigración y fondos europeos. Asimismo, ha acusado al PSOE de responder a las investigaciones judiciales que afectan a su entorno mediante críticas a jueces, fiscales y periodistas, una valoración formulada por el dirigente popular durante el acto.

En el ámbito autonómico y municipal, los representantes del PP han contrapuesto sus políticas de vivienda a las desarrolladas por el Gobierno central y por el anterior Ejecutivo valenciano del Botànic.

La alcaldesa de Valencia y presidenta del PP de la ciudad, María José Catalá, ha defendido la actividad municipal en materia residencial y ha señalado que durante los últimos tres años el Ayuntamiento ha puesto en marcha 1.000 viviendas públicas, de las que, según sus datos, 523 ya están construidas.

Catalá también ha destacado la activación de 18 planes urbanísticos que permitirán desarrollar 13.000 viviendas, con una previsión de 3.000 de carácter público. A estas actuaciones ha añadido la puesta en marcha de la Agencia Municipal de Alquiler.

La alcaldesa ha criticado además los retrasos que atribuye al Gobierno central en la construcción de 600 viviendas anunciadas en los terrenos del antiguo cuartel de Ingenieros y el Parque de Artillería de Valencia. Según ha manifestado, las obras de estos proyectos todavía no han comenzado.

Por su parte, Susana Camarero, integrante de la comisión transitoria del PPCV, ha defendido las actuaciones de la Generalitat Valenciana y ha cifrado en 6.861 las viviendas movilizadas a través del Plan Vive Comunitat Valenciana.

Camarero ha contrapuesto esa cifra a la gestión del anterior Gobierno del Botànic, al que ha atribuido la ausencia de nuevas viviendas impulsadas durante su mandato. Esta comparación responde a los datos y valoraciones expuestos por la representante popular, sin que el comunicado facilite un desglose que permita contrastar las actuaciones desarrolladas por ambos ejecutivos.

En relación con las ayudas al alquiler, Camarero ha señalado que el Consell ha destinado 90 millones de euros a subvenciones para jóvenes. También ha afirmado que durante los últimos dos años todos los solicitantes que cumplían los requisitos han recibido estas ayudas, frente a los 16.000 jóvenes que, según sus datos, quedaron sin ellas durante la etapa del Botànic.

Las intervenciones han combinado así la presentación de las políticas de vivienda que defiende el PP en las administraciones valencianas con las críticas al Gobierno de Sánchez y a la dirección socialista por la controversia relacionada con Montse Mínguez. En materia de vivienda, las cifras aportadas por los dirigentes populares incluyen actuaciones ya construidas, proyectos urbanísticos previstos y viviendas movilizadas, conceptos que corresponden a distintas fases de desarrollo y que no equivalen necesariamente a viviendas terminadas o disponibles para su ocupación.