La Generalitat ha presentado 35 recursos contra los procedimientos de deslinde promovidos por el Gobierno de España en el litoral de la Comunitat Valenciana, una estrategia que alcanza también a la provincia de Alicante, con actuaciones en Dénia y apoyo a los procesos relacionados con la regresión costera en Elche y Guardamar del Segura.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha presentado el plan autonómico de defensa de la costa, con el que la Generalitat plantea actuar tanto en los procedimientos administrativos abiertos como en las necesidades de protección y regeneración del litoral.

Según los datos expuestos por el Consell, los diferentes procesos impulsados por la Administración central afectan a unos 70 kilómetros de costa de la Comunitat Valenciana. La Generalitat sostiene que recurrirá los deslindes con los que discrepe y prestará asistencia a ayuntamientos, asociaciones y vecinos mediante informes técnicos, alegaciones y recursos.

Entre los municipios en los que ya se han presentado alegaciones figura Dénia. En el caso de Elche y Guardamar del Segura, la Generalitat señala que existen procesos de regresión costera y vincula su intervención al desarrollo de la normativa autonómica de protección de la costa.

Martínez Mus ha defendido que la Administración autonómica está actuando frente a los procedimientos abiertos para evitar que los deslindes alcancen firmeza sin que antes se hayan planteado las correspondientes impugnaciones. “Lo que intentamos hacer es combatirlos, explicar en qué consiste esta herramienta, más que nada por la tranquilidad de la gente”, ha señalado.

El plan presentado por la Generalitat se divide en tres grandes líneas. La primera pasa por reclamar al Gobierno central las obras de protección del litoral que, según el Consell, permanecen pendientes desde hace una década y de las que más de la mitad todavía no se han ejecutado. La segunda comprende los recursos y actuaciones administrativas frente a los deslindes, mientras que la tercera se centra en el desarrollo de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana.

La Generalitat también mantiene su oposición al proyecto de modificación del Reglamento General de Costas. El Consell considera que algunos de sus planteamientos pueden generar inseguridad jurídica para propietarios, actividades económicas y municipios afectados por los cambios en la delimitación del dominio público marítimo-terrestre.

En este ámbito, Martínez Mus ha rechazado que “un único temporal excepcional” pueda servir por sí solo para modificar permanentemente esos límites y ha reclamado que las decisiones se adopten utilizando “criterios técnicos rigurosos, datos objetivos, series históricas contrastadas y parámetros científicos verificables”.

La estrategia autonómica incorpora además actuaciones relacionadas con la regeneración de playas, la recuperación del equilibrio sedimentario y las inversiones destinadas a proteger las zonas costeras, junto con el asesoramiento técnico y administrativo a los municipios y particulares afectados por los procedimientos de Costas.