La Generalitat quiere situar a la Comunitat Valenciana entre los territorios avanzados en la detección precoz del Alzheimer, con el objetivo de identificar la enfermedad incluso antes de que aparezcan los primeros síntomas. El president, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido para ello la colaboración entre universidades, centros de investigación, administraciones y profesionales sanitarios.

Pérez Llorca ha planteado esta línea de trabajo durante el IX Congreso de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana, al que también ha asistido el conseller de Sanidad, Marciano Gómez. El encuentro aborda los principales retos relacionados con los ámbitos sanitario y jurídico.

Entre las iniciativas en marcha, el president ha destacado la participación de la Comunitat Valenciana en programas piloto de detección precoz desarrollados en hospitales valencianos y en proyectos europeos de investigación como PREDICTOM, impulsado desde el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe.

El jefe del Consell ha señalado la necesidad de buscar “mejores respuestas a enfermedades que suponen un desafío científico, pero también jurídico, sanitario y humano”, y ha reclamado una atención “más coordinada, eficaz y cercana” para las personas afectadas.

En este ámbito, la Generalitat cuenta con medidas como la tarjeta SIP AA, que permite reducir los tiempos de espera de las personas con Alzheimer, y con formación específica para profesionales sanitarios a través de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud. También mantiene líneas de ayudas para programas destinados a pacientes y familias.

Pérez Llorca ha situado igualmente la coordinación entre la asistencia sanitaria, los servicios sociales, la dependencia y los apoyos comunitarios entre los ejes de actuación, a través de la Estrategia Valenciana de Coordinación e Integración Sociosanitaria.

El president también se ha referido al apoyo a las personas cuidadoras y ha defendido que esta tarea debe considerarse “una responsabilidad colectiva donde las administraciones públicas tiene la obligación de aliviar esa carga”.

Entre las medidas citadas figura la deducción autonómica en el IRPF por los gastos destinados al tratamiento y cuidado de personas diagnosticadas de Alzheimer o daño cerebral adquirido, además de las subvenciones a entidades que desarrollan programas de asistencia para enfermos y familiares de personas con patologías neurodegenerativas.

Estas ayudas alcanzaron los dos millones de euros en 2025. Según Pérez Llorca, durante 2026 se están realizando modificaciones presupuestarias ante el elevado número de solicitudes recibidas.