Un total de 125 municipios de la provincia podrán poner en marcha sus campañas del Bono Consumo tras la aprobación este miércoles, por unanimidad, de la resolución de las ayudas por parte de la Diputación de Alicante. El programa distribuirá cerca de 25 millones de euros y tendrá como fecha límite de ejecución el 31 de diciembre de 2026. 

Los ayuntamientos que solicitaron participar y no han renunciado al anticipo podrán activar ya sus respectivas campañas. Una vez concluido el periodo de ejecución, dispondrán hasta el 31 de enero de 2027 para justificar la utilización de los fondos. 

Las subvenciones deberán destinarse exclusivamente a financiar el importe de los bonos que lleguen a los consumidores. La convocatoria no permite emplear estos fondos provinciales para sufragar los gastos derivados del sistema de gestión que elija cada consistorio, que tendrá autonomía para determinar cómo organiza su campaña. 

El diputado de Desarrollo Económico, Carlos Pastor, ha destacado que la dotación de este año alcanza una cifra histórica y ha situado como objetivos del programa la dinamización del comercio local y el apoyo a los consumidores. Según los datos expuestos durante el pleno extraordinario, 19 localidades, en su mayoría de pequeña población, no han presentado solicitud para participar. 

La resolución ha contado con el respaldo de todos los grupos de la corporación provincial, aunque el debate ha incluido discrepancias sobre los controles aplicables a la gestión de las campañas. El Grupo Socialista ha apoyado las ayudas, pero ha reclamado una mayor transparencia y garantías sobre el cumplimiento de la normativa de subvenciones cuando los ayuntamientos recurran a la subcontratación. 

El diputado socialista Raúl Ruiz ha solicitado un informe aclaratorio a Intervención y ha cuestionado la información disponible sobre los costes de gestión de anteriores campañas. También ha aludido a la investigación de la Fiscalía vinculada a la gestión de bonos de años anteriores.

Pastor ha rechazado estas críticas y ha defendido que corresponde a cada ayuntamiento decidir el modelo con el que gestionará su campaña y asumir con fondos propios los gastos asociados. El diputado ha incidido además en que la subcontratación es solo una de las fórmulas posibles y que cada consistorio estará sometido al control de sus propios órganos fiscalizadores.