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SUCESOS

Siete detenidos en Alcoy por explotar sexualmente a mujeres extranjeras

Durante las inspecciones fueron liberadas las cinco mujeres que, según la investigación, estaban siendo explotadas sexualmente.

 

La Policía Nacional ha detenido a siete personas, seis en Alcoy y una en Madrid, por su presunta participación en una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres extranjeras. La operación ha permitido liberar a cinco víctimas y la investigación cifra en cerca de 100.000 euros el beneficio obtenido por el grupo.

Los arrestados son cuatro hombres y tres mujeres. Se les atribuyen presuntamente delitos relacionados con la prostitución y la explotación sexual, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.

La investigación comenzó en septiembre de 2025 a partir de una información anónima recibida mediante colaboración ciudadana. El aviso alertaba de la existencia de una vivienda en Alcoy en la que se ejercía la prostitución y que, según las pesquisas policiales, estaba controlada por un grupo que explotaba a mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad.

Las primeras comprobaciones llevaron a los agentes de la Brigada de Extranjería de la Comisaría de Alcoy hasta otros domicilios vinculados a las mismas personas. La Policía constató que estas viviendas coincidían con las anunciadas en Internet para ofrecer servicios sexuales.

Algunos de los inmuebles estaban ocupados ilegalmente y pertenecían a entidades bancarias, mientras que otros habían sido alquilados a nombre de integrantes de la organización. Cuando las molestias provocadas por la actividad generaban quejas vecinales, el grupo se trasladaba a otra vivienda para continuar operando.

Según la investigación, los servicios se ofrecían durante las 24 horas y los siete días de la semana. Los vecinos llegaron a denunciar ruidos a altas horas de la noche y olores relacionados con el consumo de drogas.

Los agentes determinaron además que existía un reparto de funciones entre los integrantes del grupo. Entre sus cometidos figuraban conseguir los inmuebles, captar a mujeres mediante redes sociales y anuncios, proporcionar drogas cuando las solicitaban los clientes, atender las llamadas y recibir a quienes acudían a los domicilios, además de trasladar a las víctimas.

La madre del considerado cabecilla figuraba como titular de varias líneas telefónicas utilizadas para publicar anuncios de prostitución. Una de ellas también se empleaba para recibir mediante una aplicación móvil los pagos de los servicios realizados por las mujeres.

La ex pareja del principal investigado habría recibido igualmente pagos a través de una línea de teléfono de su titularidad. Otra de las mujeres detenidas se encargaba, según la Policía, de contestar las llamadas y atender a los clientes en las viviendas.

Parte de la actividad incluía el traslado de las víctimas desde los pisos hasta los domicilios de clientes. Para estos desplazamientos se utilizaron principalmente vehículos de alquiler y los investigadores han contabilizado más de diez automóviles diferentes, una práctica que la Policía relaciona con el intento de dificultar las pesquisas.

Uno de los detenidos, que también participaba en estos traslados, tenía empadronadas en su domicilio a varias personas que se encontraban en situación irregular.

La investigación sostiene que las mujeres explotadas eran obligadas a afrontar una deuda con la organización, que se quedaba con un elevado porcentaje del dinero obtenido por cada servicio. Los movimientos económicos analizados sitúan los beneficios del grupo cerca de los 100.000 euros.

Solo en una de las cuentas vinculadas al presunto cabecilla constan 365 pagos que superaban conjuntamente los 40.000 euros, además de 76 ingresos realizados en cajeros por un importe próximo a los 20.000 euros.

Las detenciones se desarrollaron en tres fases. Cinco de los siete investigados fueron arrestados coincidiendo con las inspecciones realizadas en los domicilios y un sexto fue detenido unos días después.

La séptima investigada fue localizada por agentes de la Brigada de Policía Judicial del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas cuando se disponía a tomar un vuelo con destino a Alemania.

Durante las inspecciones fueron liberadas las cinco mujeres que, según la investigación, estaban siendo explotadas sexualmente. Tras completar las diligencias policiales, los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alcoy.

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