La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) reclama que la lengua de signos se integre de forma ordinaria en ámbitos como la sanidad, la educación, la justicia, los servicios sociales y las administraciones públicas para garantizar que las personas sordas puedan ejercer sus derechos con autonomía y sin depender de familiares o soluciones improvisadas.

La reivindicación coincide con el Día Internacional de las Lenguas de Signos, que este año se celebra bajo el lema “Reivindicando los derechos humanos de las personas sordas”. La organización centra su mensaje en la diferencia que todavía existe entre el reconocimiento legal de los derechos y su aplicación efectiva en situaciones cotidianas.

El presidente de la CNSE, Roberto Suárez, señala que los avances normativos deben traducirse en condiciones reales de acceso. “Hemos avanzado mucho en reconocimiento, pero los derechos se miden en la vida real. En una consulta médica, en un aula, ante una administración o en cualquier situación en la que una persona sorda necesite comunicarse y tomar sus propias decisiones”, afirma.

La Confederación advierte de que todavía existen casos en los que las personas sordas tienen que recurrir a familiares, buscar otras vías de comunicación o depender de respuestas improvisadas para utilizar servicios que deberían estar preparados para atenderlas en igualdad de condiciones. La entidad defiende que esta cuestión afecta a la autonomía personal y al ejercicio de los derechos lingüísticos, y no a la concesión de un trato diferenciado.

La reciente aprobación parlamentaria de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia ha reforzado aspectos relacionados con la inclusión, la autonomía, la accesibilidad a la información y las comunicaciones. Entre los recursos contemplados figuran la lengua de signos, el subtitulado y otros apoyos adaptados a las necesidades y preferencias de cada persona.

La reforma también incorpora medidas dirigidas a garantizar la accesibilidad de la teleasistencia para personas sordas en situación de dependencia, mediante recursos como la videointerpretación y la comunicación directa en lengua de signos.

Para la CNSE, el reto pasa ahora por trasladar esas disposiciones a los servicios cotidianos. “Una ley puede reconocer un derecho, pero hacen falta recursos, profesionales y servicios estables para que ese derecho llegue a las personas”, sostiene Suárez.

La organización pide que la accesibilidad se tenga en cuenta desde la planificación de los servicios y no únicamente cuando aparece una necesidad concreta. Su objetivo es evitar que el acceso a la comunicación dependa de encontrar una alternativa en el último momento.

La Confederación también pone el foco en la transformación digital y en el desarrollo de la inteligencia artificial. A su juicio, las decisiones que se adopten ahora pueden condicionar el acceso futuro de las personas sordas a la información y a distintos servicios.

Suárez considera que estas tecnologías pueden facilitar la comunicación, pero también generar nuevas barreras si no incorporan desde su diseño las lenguas de signos y las necesidades de las personas sordas.

La reforma aprobada incluye garantías relacionadas con los sistemas automatizados de las administraciones y contempla la utilización de recursos accesibles, incluida la lengua de signos cuando resulte necesaria para comprender la información.

La CNSE reclama además que la comunidad sorda participe en el diseño de las nuevas herramientas tecnológicas con el objetivo de que los futuros servicios y entornos digitales incorporen la accesibilidad desde sus primeras fases de desarrollo.