Unos 8.000 profesores se han manifestado este sábado por la tarde en Alicante para exigir a la Conselleria de Educación más personal en los centros públicos, una reducción de las ratios, mayor inversión y mejoras salariales. La movilización, celebrada también en València y Castellón, ha recorrido algunas de las principales vías del centro de la ciudad.

La protesta ha comenzado en las escaleras del IES Jorge Juan y ha continuado por la plaza de los Luceros, la avenida de Alfonso el Sabio, la Rambla y el paseo de la Explanada. Hasta este último punto ha llegado el grueso de los participantes en una convocatoria a la que también han asistido cargos del PSPV, Compromís y Podem.

La movilización se ha desarrollado bajo el lema «Per una educació pública digna: més personal, menys ràtios, més inversió, més salari, més valencià». Los convocantes sostienen que las reivindicaciones planteadas durante el pasado curso continúan sin respuesta después de las protestas y de la huelga indefinida protagonizada entonces por el personal educativo.

Entre las principales demandas se encuentra la recuperación de las plantillas docentes perdidas con los recortes y una disminución efectiva del número de alumnos por aula. Los colectivos convocantes consideran que las clases masificadas dificultan la atención individualizada, la inclusión y la convivencia, además de aumentar la carga de trabajo de los profesionales.

La cobertura de las plazas vacantes y de las sustituciones es otro de los puntos centrales de las reclamaciones. La petición afecta tanto al profesorado como al Personal de Atención Educativa y al Personal de Administración y Servicios. Según el manifiesto de la protesta, la falta de trabajadores obliga en algunos casos al resto de las plantillas a asumir una carga adicional.

Los manifestantes también han reclamado un refuerzo de los recursos destinados a la inclusión educativa. Entre los perfiles que consideran necesario ampliar figuran los profesionales de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y orientación educativa, junto a educadores, fisioterapeutas, trabajadores sociales y otros integrantes del Personal de Atención Educativa.

Las infraestructuras escolares forman parte asimismo de las reivindicaciones. La comunidad educativa demanda más inversión para disponer de centros dignos, seguros, accesibles y adecuados.

La protesta ha incluido también la defensa de la enseñanza en valenciano. Los convocantes piden derogar la denominada ley de «libertad educativa», al considerar que reduce la presencia del valenciano en el sistema educativo, y reclaman recursos suficientes para garantizar su enseñanza en la educación pública.

Las demandas se completan con mejoras económicas para los trabajadores. El manifiesto reclama recuperar el poder adquisitivo perdido, adecuar los salarios a la responsabilidad del personal educativo, abonar de forma completa las pagas extraordinarias y establecer una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC.