La Generalitat ha licitado un nuevo servicio de intervención urgente para actuar ante ocupaciones ilegales en viviendas públicas de la Comunitat Valenciana, con asistencia todos los días del año y un tiempo máximo de respuesta de una hora desde la recepción del aviso.

El nuevo dispositivo, anunciado por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se enmarca en la estrategia del Consell para recuperar inmuebles del parque público ocupados de forma irregular y garantizar que estas viviendas puedan destinarse a familias vulnerables que cumplen los requisitos establecidos.

La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo gestiona actualmente más de 14.500 viviendas públicas en la Comunitat Valenciana. De ellas, alrededor del 13% se encuentran ocupadas ilegalmente, una situación que el jefe del Consell ha vinculado a un problema arrastrado “desde hace muchos años” y que, a su juicio, requiere “actuar y poner los medios necesarios”.

Pérez Llorca ha defendido que estas ocupaciones “impiden acceder a un hogar a muchas familias vulnerables que sí respetan la legalidad y aguardan en las listas de demanda”. También ha advertido de que generan problemas de convivencia y seguridad, especialmente por los enganches ilegales a la red eléctrica, además de dificultar la rehabilitación de los inmuebles afectados.

El contrato contempla un servicio de urgencias operativo las 24 horas para atender avisos de ocupación o intrusión en viviendas públicas. La empresa adjudicataria deberá intervenir de forma inmediata, coordinarse con fuerzas y cuerpos de seguridad y acompañar a la EVHA en los procedimientos administrativos de recuperación de viviendas.

Además, el servicio asumirá tareas técnicas vinculadas a la instalación de sistemas de seguridad, puertas antiocupación y alarmas. También deberá documentar y reportar cada actuación, dentro de un plan de trabajo sometido a indicadores de seguimiento para evaluar los resultados.

La empresa adjudicataria tendrá que disponer de un equipo multidisciplinar formado por un coordinador jurídico y al menos tres inspectores técnicos, además de vehículos, equipos informáticos y dispositivos móviles para desarrollar las intervenciones en todo el territorio de la Comunitat Valenciana.

El contrato tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de dos prórrogas anuales. Su valor estimado asciende a 796.831 euros, IVA excluido, y el plazo para presentar ofertas finaliza el 30 de julio.

Este nuevo recurso se suma a otras medidas impulsadas por la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad. A comienzos de 2026 se adjudicó la instalación, mantenimiento y reposición de 300 sistemas de seguridad y alarma individual en viviendas del parque público, con una inversión de 4.743.200 euros durante cuatro años.

Desde julio de 2023 se han llevado a cabo 1.231 actuaciones para impedir el asalto de viviendas públicas, entre ellas descerrajados, tabicados, cambios de puerta y la instalación de 608 puertas antivandálicas. También se ha reforzado la seguridad privada en distintos grupos de vivienda para evitar el uso indebido de garajes y nuevas ocupaciones en inmuebles vacíos.