En un giro que haría sonrojar al más cínico, la política española nos ofrece una escena digna de García Berlanga. 

En el centro de la trama, el juez Juan Carlos Peinado, armado con el auto judicial de 84 páginas, ha decidido que es hora de llevar a juicio a Begoña Gómez, la presidenta esposa del presidente, su asistente Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés. 

Los cargos son: tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida y malversación. 

¡Oh, el drama!

Las reacciones de la Moncloa a esta decisión judicial: caos y pánico institucionalizado. En lugar de la calma que se esperaría de una inocencia confiada, los ecos de "persecución" y "obsesión" retumban en los pasillos del poder. El PSOE, se apresura a proclamar la inocencia de Begoña en Twitter, mientras la portavoz, en un destello de sinceridad, califica la situación de "delirante" y "vergonzosa". 

Un aplauso para el teatro político.

Lo más irónico de todo es que, a lo largo de dos años de investigación, ni Begoña, ni Cristina, ni Barrabés han colaborado. Mientras tanto, la maquinaria del gobierno se dedica a obstaculizar el proceso con la precisión de un reloj suizo, lanzando piedras en el camino como si fueran confeti en una celebración. 

¿La conclusión del juez Peinado? Una lectura sin ambigüedades, que asusta a los que habitan en la Moncloa.

Los hechos alcanzan el clímax cuando el juez señala que incluso los agentes de seguridad que deberían proteger a Begoña podrían convertirse en cómplices de una fuga. 

¡Vaya giro! 

Esto no es un malentendido, es la acusación que pone en entredicho los cimientos del estado. La posibilidad de que se sabotee la justicia para proteger el poder político.

Como telón de fondo, la historia de la cátedra universitaria de Begoña se desarrolla con inusitada rapidez, gestándose con reuniones en la Moncloa y entrelazándose con contratos públicos. La Fiscalía, en un gesto de sorprendente introversión, ha considerado archivar el caso, pero el juez, con firmeza, ha dicho que no.

La narrativa del socialismo español, tan perfeccionada a lo largo de los años, esta vez parece atrapada. La figura del acusado como mártir y el juez como verdugo se tambalea ante el peso de los hechos tan concretos. Cuando los delitos incluyen la malversación de fondos públicos, y la esposa del presidente debe presentarse ante el juzgado cada 15 días, el discurso de la "persecución" se revela como la coartada que no resiste el examen de la realidad.

De entre las sombras, el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero podría ser la bomba política que todos temen. 

Su posible acuerdo con la Fiscalía introduce la atmósfera de tensión que podría hacer que los pasillos de la Moncloa reverberen con ecos de desesperación. 

La lealtad entre socialistas, cuando el miedo aprieta, puede ser volátil.

La democracia se enfrenta a la prueba de madurez. El juez, frente a los brillos del poder y los remolinos del desprecio, ha hecho su trabajo y ha soportado las embestidas, ofreciendo la lección de hasta dónde puede llegar la justicia. Aquí no se juegan los destinos de la nación con tuits o retóricas vacías. La irreductibilidad de la justicia, frente a lo que parece un sinfín de confusiones, es la última línea de defensa de una sociedad libre. 

Y, mientras la trama se desarrolla, solo podemos esperar que el próximo acto no termine en un fiasco.

*Rafael Simón Gallardo es médico y cuenta cuentos inveterado...