El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reclamado al ministro de Hacienda, Arcadi España, el pago de 5.000 millones de euros que, según ha trasladado tras la reunión mantenida con el representante del Gobierno, el Ejecutivo central adeuda a los valencianos en materia de sanidad y dependencia. El jefe del Consell también ha pedido una mayor inversión estatal en infraestructuras estratégicas para la Comunitat Valenciana.

Tras el encuentro, Pérez Llorca ha señalado que existe un compromiso legal por el que el Gobierno de España debe asumir el 50% del gasto derivado de la dependencia, una cifra que, según ha indicado, “nunca se llega” a cubrir. El president ha cifrado en 4.000 millones de euros la deuda acumulada por este concepto con la Generalitat.

A esa cantidad ha sumado otros 1.000 millones correspondientes al gasto sanitario por la atención a personas desplazadas de otras comunidades autónomas. Por ello, ha solicitado al ministro que concrete cuándo se producirá el reembolso de ambas partidas.

En materia de infraestructuras, el jefe del Consell ha trasladado al ministro la necesidad de agilizar proyectos pendientes considerados clave para el desarrollo de la Comunitat Valenciana. Entre las prioridades ha situado la finalización del Corredor Mediterráneo y la ampliación de los aeropuertos de Alicante-Elche y Manises.

El president también ha reclamado un impulso definitivo al Plan de Cercanías, cuyo grado de ejecución considera insuficiente, así como acelerar la recuperación de la línea C-3 Valencia-Utiel, afectada por la dana, y la duplicación de vías de la línea C1.

Dentro de las actuaciones ferroviarias y de movilidad, Pérez Llorca ha insistido en la importancia de avanzar en el tren de la Costa, la ampliación de la línea Alicante-San Vicent del Raspeig y el soterramiento de las vías de Alfafar-Sedaví-Benetússer. También se han abordado las conexiones ferroviarias y viarias vinculadas al puerto de Valencia, las mejoras de la AP-7 y las conexiones metropolitanas de València y Alicante, donde ha apuntado a una situación de congestión estructural.

El responsable del Ejecutivo valenciano ha reiterado, además, la necesidad de reforzar las inversiones estatales en infraestructuras hidráulicas y ha mostrado su preocupación por la política del Gobierno central respecto al trasvase Tajo-Segura y por el déficit hídrico estructural que sufre la Comunitat Valenciana.

En este ámbito, ha pedido acelerar las obras hidráulicas prioritarias para la reconstrucción tras la dana y ha alertado del bajo nivel de ejecución presupuestaria de las confederaciones hidrográficas. En particular, ha señalado que la Confederación Hidrográfica del Júcar solo ha ejecutado el 3,9% de las obras. También se ha puesto sobre la mesa el Plan Albufera, orientado a garantizar la sostenibilidad del parque natural.

Pérez Llorca ha defendido que la culminación de estas actuaciones resulta esencial para garantizar la seguridad, la recuperación y el desarrollo futuro de la Comunitat Valenciana.

El nuevo modelo de financiación autonómica ha sido otro de los asuntos centrales de la reunión. El president ha trasladado al ministro su intención de negociar la reforma en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con todas las comunidades autónomas, y ha afirmado que la Comunitat Valenciana acudirá con “la voz de todos los valencianos y valencianas” para reclamar un sistema “justo, equitativo e igual para todos los españoles”.

El jefe del Consell ha instado al Gobierno de España a demostrar que la nueva financiación autonómica no es solo “una declaración de intenciones”, sino una propuesta real que se va a poner sobre la mesa. También ha reclamado la activación de un Fondo de Nivelación Transitorio hasta que se apruebe la reforma del sistema.

En este punto, Pérez Llorca ha mostrado su decepción por la negativa del ministro a que ese fondo sea una realidad. Ha considerado “incongruente” ese rechazo al sostener que todavía no se ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no existe un borrador de ley orgánica sobre el nuevo modelo de financiación ni hay consignación presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado que refleje la incorporación de 21.000 millones al sistema de financiación autonómica.

El president ha defendido que la puesta en marcha del Fondo de Nivelación Transitorio sería una muestra de voluntad del Gobierno para alcanzar un entendimiento en materia de financiación. Sobre el Fondo de Liquidez Autonómico extraordinario, que el ministro ha indicado que estará resuelto en los próximos días, Pérez Llorca ha asegurado que no se trata de una nueva aportación económica, sino del cumplimiento de atrasos con la Comunitat Valenciana.

La reconstrucción tras la dana también ha ocupado parte de la reunión. El jefe del Consell ha reprochado que el Gobierno de España no haya realizado entregas a cuenta a la Generalitat para afrontar las consecuencias de las inundaciones y que únicamente se haya permitido recurrir a endeudamiento. Por ello, ha exigido que ese crédito se convierta en una ayuda a fondo perdido y que esta cuestión se aborde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Asimismo, ha pedido explicaciones sobre el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, dotado con 1.000 millones de euros, de los que, según ha señalado, apenas han llegado 100 millones a la Generalitat. También ha reclamado los fondos Next Generation para la reconstrucción, por valor de 1.200 millones de euros, que ha asegurado que la administración autonómica no ha recibido.

En materia contractual, Pérez Llorca ha vuelto a pedir una modificación de la Ley de Contratos para que las obras de reconstrucción puedan tramitarse como emergencia o excepcionalidad, especialmente en el caso de ayuntamientos que disponen de fondos pero encuentran dificultades burocráticas para ejecutarlas. Además, ha planteado la necesidad de introducir la revisión de precios de materiales para los contratistas.

El president ha solicitado también al Gobierno la exoneración del pago de intereses por la devolución de subvenciones de la dana para las personas afectadas por las inundaciones y el retorno del IVA abonado por la Generalitat en contratos de emergencia y reconstrucción, que ha cifrado en torno a 82 millones de euros.