La vicepresidenta primera y diputada de Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante, Ana Serna, ha criticado la última sentencia del Tribunal Supremo que avala los caudales ecológicos del río Tajo y ha advertido de que la decisión supone un nuevo golpe para la provincia de Alicante y para el conjunto del sureste español.

Serna ha señalado que el fallo judicial ratifica una política hídrica del Gobierno de España que considera perjudicial para el territorio alicantino y ha alertado de que el trasvase Tajo-Segura queda “al borde de la desaparición” si se consolida el recorte previsto del 50 % en los caudales transferidos.

La responsable provincial ha vinculado esta reducción con un fuerte impacto económico, social y medioambiental en las comarcas alicantinas que dependen del agua trasvasada. En este sentido, ha afirmado que miles de familias podrían verse afectadas de forma directa o indirecta por la pérdida de recursos hídricos esenciales para mantener la actividad agrícola y otros sectores vinculados al regadío.

“Condena a miles de familias que dependen directa o indirectamente del agua trasvasada para mantener su actividad económica y preservar uno de los sectores productivos más importantes de la provincia”, ha sostenido Ana Serna, quien ha reclamado al Ejecutivo central “altura de miras” y una apuesta por el diálogo y el consenso antes de adoptar decisiones con consecuencias para una parte importante del territorio español.

La diputada de Ciclo Hídrico también ha destacado el trabajo del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura para intentar frenar la reducción del trasvase. Ha recordado que la Diputación de Alicante, ahora también alineada con la Generalitat Valenciana, mantendrá su apoyo a los regantes en la defensa de sus intereses.

Aunque ha reconocido que desde el punto de vista jurídico “se nos han cerrado prácticamente todas las puertas”, Serna ha insistido en que la institución provincial continuará defendiendo el trasvase Tajo-Segura en todos los ámbitos en los que sea posible. “Esta provincia no va a ceder ni un ápice en la defensa del agua que merecemos”, ha afirmado.

La vicepresidenta primera ha recordado que los regantes llevan años alertando de las consecuencias de una reducción progresiva de los caudales transferidos y ha acusado al Gobierno de España de avanzar en una hoja de ruta que, a su juicio, “sólo nos va a traer desierto y pobreza al Levante español”.

Serna ha advertido de que, si el Gobierno consuma los recortes planteados, se podría producir la destrucción de miles de hectáreas de regadío y de millones de árboles que dependen del agua del trasvase. También ha señalado el riesgo de pérdida de más de 100.000 empleos directos e indirectos vinculados al sector y de un “golpe irreparable” para la economía de las comarcas afectadas.

La dirigente provincial ha exigido al Ejecutivo central que abandone cualquier planteamiento ideológico en materia hídrica y adopte decisiones basadas en criterios técnicos, científicos y de solidaridad territorial. “El agua no puede convertirse en una herramienta de confrontación política”, ha concluido.