La Diputación de Alicante seguirá colaborando técnica y jurídicamente con la Generalitat Valenciana y otras administraciones afectadas para defender el trasvase Tajo-Segura, después de que el Tribunal Supremo haya inadmitido, por falta de legitimación, el recurso contencioso-administrativo presentado por la institución provincial contra el Real Decreto de revisión de los planes hidrológicos, entre ellos el del Tajo.

La decisión del Alto Tribunal no entra a analizar el fondo del recurso planteado por la Diputación, que cuestionaba distintos aspectos del decreto, como el procedimiento seguido para su elaboración, el incremento de los caudales ecológicos y las consecuencias de sustituir agua trasvasada por agua desalada, tanto por su coste energético como por su impacto medioambiental.

La vicepresidenta primera y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha expresado el respeto de la institución provincial a la resolución judicial, aunque ha mostrado su disconformidad con que el Tribunal Supremo no haya valorado los argumentos técnicos y académicos aportados por la Diputación.

Según ha señalado Serna, la institución provincial ha defendido “de forma rigurosa y técnica” el trasvase Tajo-Segura y los intereses de la provincia de Alicante, al considerar que las medidas impulsadas por el Gobierno central pueden afectar de forma directa al sudeste español y a las familias que dependen de esta infraestructura para su actividad económica.

La sentencia confirma el Real Decreto impugnado, que contempla el aumento de los caudales ecológicos. Para la vicepresidenta provincial, esta medida pone en riesgo la viabilidad del trasvase Tajo-Segura, una infraestructura que considera esencial para la provincia de Alicante y para otros territorios del levante español.

Aunque contra la resolución del Tribunal Supremo no cabe recurso, la Diputación de Alicante mantiene su intención de seguir participando en los grupos de trabajo junto a la Generalitat Valenciana, el Gobierno de la Región de Murcia, los regantes y los agricultores.

Ana Serna ha defendido la necesidad de mantener la unidad institucional y social en torno al trasvase y ha subrayado que la Diputación continuará aportando su colaboración para que se tengan en cuenta los intereses de los territorios afectados. “El agua es un bien común que no debe entender de fronteras ni partidismos”, ha afirmado.