La portavoz del equipo de gobierno de la Diputación de Alicante, Ana Serna, ha rechazado que la institución provincial impulsara la gestión del Bono Comercio a través de Facpyme y ha asegurado que fueron los propios ayuntamientos quienes decidieron de forma autónoma cómo desarrollar sus campañas.

Serna ha salido así al paso de las críticas del Grupo Socialista y ha calificado de “absolutamente falso” que la Diputación realizara una promoción del Bono Comercio señalando a Facpyme como entidad colaboradora para la gestión. En este sentido, ha negado que desde la institución se orientara a los municipios hacia una fórmula concreta para ejecutar esta iniciativa.

La también vicepresidenta primera ha defendido que en ningún momento existió una planificación para favorecer ni a Facpyme ni a la Cámara de Comercio como posibles entidades gestoras del bono consumo. Según ha explicado, ni las bases de la convocatoria ni la difusión realizada por la Diputación incluían referencias a estas organizaciones para asumir esa función.

En su intervención, Ana Serna ha precisado que la participación de ambas entidades se limitó a trasladar en su momento las necesidades del sector comercial, en un contexto marcado por el impacto de la pandemia y por las consecuencias económicas derivadas de la guerra de Ucrania sobre el consumo en los comercios de la provincia.

La portavoz ha insistido además en que la convocatoria se articuló conforme a lo establecido en la Ley de Subvenciones. De acuerdo con esta versión, la Diputación de Alicante se ocupó de aprobar las bases y resolver la convocatoria, mientras que después cada ayuntamiento decidió con plena autonomía local qué sistema consideraba más adecuado para gestionar el bono consumo.

Como argumento, Serna ha señalado que, si hubiera existido una directriz para canalizar estas campañas a través de determinadas entidades, todos o la mayoría de los municipios habrían recurrido a ellas, algo que, según ha remarcado, no ocurrió.

También ha subrayado que la tramitación de las ayudas estuvo sometida en todo momento a fiscalización, tanto por parte de los servicios municipales como de la propia Diputación.

Por último, Ana Serna ha acusado al Grupo Socialista de intentar dañar la imagen de la institución provincial pese a que, a su juicio, no existe ninguna irregularidad detrás de este asunto.