La Diputación de Alicante ha celebrado este lunes la sesión constitutiva de la comisión de investigación sobre la gestión del Bono Consumo, una reunión en la que se ha fijado el calendario de trabajo y se han aprobado las primeras comparecencias que se desarrollarán en las próximas semanas.

La primera intervención tendrá lugar el próximo lunes con la comparecencia, a petición propia, del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, Carlos Baño, que abrirá la ronda de declaraciones dentro de este órgano.

Durante la sesión también se votaron las distintas propuestas planteadas por los grupos políticos sobre las personas que deberán acudir a la comisión. Finalmente salió adelante la iniciativa presentada por el Grupo Popular, con el respaldo de Compromís y Vox, centrada en llamar a aquellos alcaldes cuyos ayuntamientos recurrieron a Facpyme para gestionar el bono comercio.

La presidenta de la comisión y portavoz del grupo popular, Ana Serna, defendió que las comparecencias deben centrarse en los responsables municipales de los consistorios que contrataron ese servicio, una cifra que situó en torno a una veintena de ayuntamientos. Dentro de ese planteamiento, los populares solicitaron que uno de los primeros en comparecer sea el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, una propuesta que salió adelante con el apoyo de los grupos de la oposición, salvo el PSOE.

En este contexto, Serna cuestionó la propuesta socialista de citar al alcalde de Alicante, Luis Barcala, al sostener que el Ayuntamiento alicantino no gestionó este programa a través de Facpyme.

La vicepresidenta primera de la institución provincial insistió en que el objetivo de la comisión es esclarecer los hechos sin perjudicar la imagen de la Diputación, y acusó al grupo socialista de querer trasladar el debate al terreno político.

Desde el equipo de gobierno provincial se volvió a defender además la actuación de la administración alicantina en este programa, al considerar que su papel se limitó a activar una convocatoria de ayudas para los municipios en un momento de dificultad económica. Según esta versión, la institución aprobó unas bases respaldadas por todos los grupos y fueron después los ayuntamientos los que decidieron de forma autónoma cómo gestionar el bono en cada caso, dentro de sus competencias y con los mecanismos de fiscalización correspondientes.