Alicante ha reforzado los controles sobre la vivienda pública con una actualización de los pliegos de la promoción de VPP de la calle Ceuta, 5, una modificación con la que el Patronato de la Vivienda introduce nuevas exigencias en la comercialización, los pagos, la adjudicación y el seguimiento posterior de todo el proceso.

Entre las principales novedades figura la obligación de que la empresa adjudicataria presente un plan de comercialización que deberá contar con la aprobación previa del Patronato, además de la prohibición de iniciar la comercialización antes de obtener la calificación provisional. Tampoco podrán realizarse cobros anticipados hasta disponer de la autorización de la Consellería de Vivienda.

El nuevo marco también endurece los controles para prevenir posibles incompatibilidades. Así, deberán firmar una declaración de ausencia de conflictos de intereses tanto el adjudicatario como subcontratistas, comercializadores, beneficiarios y miembros de la mesa de contratación. En el caso de los futuros compradores de una VPP, esta declaración deberá estar suscrita por todos los integrantes de la unidad familiar mayores de 18 años.

La documentación de comercialización tendrá además que detallar las condiciones de uso, el número de viviendas, garajes y trasteros, sus superficies útiles, los precios máximos, las formas de pago, la duración del periodo de protección, los planos, los plazos de obra y el sistema previsto para adjudicar las viviendas. También deberá concretar cómo se abrirá la inscripción, que no podrá ser inferior a 30 días y tendrá que anunciarse con al menos diez días de antelación.

Otra de las medidas incorporadas afecta a la publicidad de la promoción. El adjudicatario estará obligado a concretar los canales en los que se difundirá la oferta, como una web o una aplicación, de modo que la información pueda compartirse también a través de los soportes del propio Patronato de la Vivienda. Además, deberá incluirse el modelo de contrato que se formalizará con los adjudicatarios.

Una vez cerrado el plazo de inscripción, la empresa deberá remitir al Patronato una lista provisional de adjudicatarios y otra de espera, abriendo posteriormente un periodo mínimo de siete días naturales para presentar alegaciones. Tras resolverlas, deberá trasladarse la relación definitiva.

El refuerzo del control no termina ahí. El contratista tendrá que presentar informes trimestrales, o cuando se le requiera, sobre todas las operaciones realizadas con los beneficiarios, desde reservas y contratos hasta visados o escrituras. De forma adicional, el Ayuntamiento de Alicante se reserva la posibilidad de aplicar una baremación vinculada al empadronamiento para fortalecer el arraigo de los adjudicatarios.

El concejal de Vivienda, Carlos de Juan, ha defendido que estas medidas buscan garantizar la accesibilidad, la publicidad y la concurrencia en el acceso a la vivienda protegida. Según ha explicado, la actualización de los pliegos supondrá además la reapertura del plazo para presentar ofertas, que volverá a fijarse en tres meses desde su publicación en el perfil del contratante.