La Generalitat ha dado salida a cerca de 500 expedientes de autorización administrativa previa y de construcción de instalaciones de distribución eléctrica en la provincia de Alicante, una medida con impacto directo tanto en nuevas viviendas como en proyectos empresariales vinculados al ámbito industrial, logístico y residencial.

El desbloqueo de estos trámites permitirá acelerar el acceso al suministro eléctrico en actuaciones que estaban pendientes de resolución, una circunstancia que venía frenando la puesta en marcha de iniciativas económicas y retrasando también la disponibilidad de un servicio básico para particulares.

La actuación ha sido impulsada por la Dirección General de Energía y Minas, dependiente de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, con el objetivo de reducir los tiempos de tramitación y aliviar la carga acumulada de expedientes arrastrada durante los últimos años.

Según se ha detallado, la acumulación administrativa estaba provocando demoras relevantes en la conexión eléctrica de numerosos proyectos, con consecuencias directas sobre inversiones previstas, actividad empresarial y generación de empleo. También afectaba a ciudadanos que veían retrasado el acceso al suministro en promociones residenciales o actuaciones vinculadas a viviendas.

Para dar respuesta a esta situación, la Generalitat ha optado por permitir la autorización previa a través de una declaración responsable del solicitante, con la intención de evitar más demoras y dar mayor agilidad al procedimiento. Posteriormente, se llevarán a cabo las revisiones correspondientes para verificar que todo se ajusta a la normativa.

Los expedientes autorizados corresponden a instalaciones del Grupo II sin declaración de utilidad pública ni evaluación ambiental. Entre ellas se incluyen acometidas a líneas de alta tensión, centros de transformación y modificaciones en instalaciones ya existentes, como subestaciones, siempre que cumplan las exigencias técnicas y administrativas en vigor.

La resolución publicada en el DOGV establece un plazo máximo de 24 meses para ejecutar las instalaciones, tal y como recoge el Decreto 88/2005.

Estos cerca de 500 expedientes se suman a los que ya fueron desbloqueados en enero en municipios de la provincia de Valencia, dentro de una línea de actuación similar orientada a rebajar el volumen de solicitudes pendientes desde 2020.

Con esta medida, el Consell enmarca su actuación en la estrategia de simplificación administrativa con la que busca reducir trabas, acortar plazos y ofrecer mayor seguridad jurídica en procedimientos vinculados a servicios esenciales y al desarrollo de nuevos proyectos.