La Comunitat Valenciana dará preferencia a residentes en la adjudicación de vivienda protegida

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha participado este martes en un minuto de silencio en condena por el asesinato de una mujer de 64 años en Benicàssim, víctima de violencia contra la mujer. Tras el acto de repulsa, el jefe del Consell ha vinculado la respuesta institucional a la violencia machista con la necesidad de reforzar también las políticas públicas que protegen a los colectivos más vulnerables, especialmente en un contexto de fuerte preocupación social por el acceso a la vivienda.

En este marco, Pérez Llorca ha avanzado que durante la tramitación de la Ley de Simplificación Administrativa se incorporará una enmienda para “reforzar los controles” en el reparto de Viviendas de Protección Pública (VPP), con el objetivo de garantizar su correcta adjudicación y uso. Según ha explicado, la modificación pretende fortalecer la publicidad, la transparencia y los mecanismos de supervisión.

Una de las novedades anunciadas es la inclusión del arraigo como criterio de baremación para acceder a una vivienda protegida, atendiendo a la petición de los alcaldes. Esto implicaría priorizar a los vecinos del propio municipio a la hora de optar a un inmueble de protección pública, con la finalidad de favorecer la estabilidad y el asentamiento de la población.

El president ha señalado que, cuando la vivienda se convierte en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, especialmente de los jóvenes, “es una obligación moral y política” actuar con determinación y responsabilidad para garantizar igualdad de oportunidades en la Comunitat Valenciana. En ese sentido, ha destacado iniciativas impulsadas por la Generalitat como el Plan Vive, las ayudas al alquiler, el Bono Joven y las subvenciones a ayuntamientos y particulares dentro de programas de regeneración urbana y rehabilitación.

La Generalitat está destinando más de 304 millones de euros en los presupuestos actualmente en vigor para sostener líneas sociales y ampliar mecanismos de ayuda al acceso a la vivienda, según ha indicado Pérez Llorca, que ha defendido el Plan Vive como un ejemplo de colaboración público-privada. Este programa, ha señalado, cuenta con la adhesión de 319 ayuntamientos y ha impulsado más de 4.800 viviendas de protección pública.

En la provincia de Castellón, el president ha detallado actuaciones vinculadas al Plan Vive y a la rehabilitación, con proyectos en marcha en municipios como Benicarló, Vinaròs, Morella o La Vall d’Uixó, además de iniciativas en Castelló de la Plana, donde también se contemplan desarrollos residenciales con un peso relevante de vivienda protegida.