Dos propietarios de Les Naus dejan sus VPO tras la polémica

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha anunciado este martes nuevas medidas tras la polémica por la adquisición de viviendas de protección pública en la urbanización Les Naus por parte de varios concejales. La principal decisión es la orden a la Policía Local para que compruebe “piso por piso” quién reside en cada vivienda y si la ocupación se ajusta a la legalidad.

En paralelo, la Concejalía de Estadística ya ha remitido a la Conselleria de Vivienda los datos del padrón municipal para que se realicen las verificaciones necesarias “en la línea de cooperación entre administraciones” y, según ha indicado el primer edil, también para aportar la máxima información posible al juzgado de instrucción número 5, que investiga el caso.

Barcala ha reconocido el impacto del asunto en la ciudad y ha subrayado la “alarma social” generada. “Soy consciente de la alarma social que este escándalo ha generado; a mí me escandaliza como al que más porque Alicante no se merece esta mancha”, ha afirmado. El alcalde ha insistido en que el Ayuntamiento no ha adjudicado ninguna vivienda de esta promoción y ha defendido que la asignación corresponde a la cooperativa, mientras que el visado del cumplimiento de requisitos compete a la administración autonómica.

El alcalde ha asegurado que el gobierno municipal está actuando con “contundencia, celeridad y transparencia” y ha pedido rapidez en la tramitación de los expedientes abiertos a funcionarios. En este contexto, ha informado de dos renuncias a pisos en la promoción y ha expresado su deseo de que se produzcan más devoluciones.

En el ámbito político, Barcala ha avanzado que el equipo de gobierno ha designado al vicealcalde Manuel Villar como presidente de la comisión plenaria no específica que abordará este asunto, y al concejal de Urbanismo, Antonio Peral, como vocal, con el objetivo de convocar cuanto antes la sesión constitutiva. Mientras tanto, se está recopilando documentación de áreas como Patrimonio, Urbanismo, Contratación, Recursos Humanos e Informática.

Además, ha indicado que se han solicitado informes a distintas concejalías y que ha exigido conclusiones para adoptar medidas “con la mayor brevedad” tanto en los expedientes a funcionarios como en un nuevo expediente informativo para analizar si pudo existir alguna irregularidad en el acceso y manejo de información.

Las medidas anunciadas este martes se suman a otras actuaciones ya impulsadas o en marcha, entre ellas la petición de un informe a Tesorería municipal sobre el listado de adjudicatarios, la apertura de un expediente de averiguación de hechos, la denuncia ante la Fiscalía, la celebración de un pleno extraordinario y monográfico, el apoyo a la creación de una comisión de investigación y la próxima firma de un convenio con la Generalitat Valenciana para ejercer el tanteo o retracto sobre viviendas de la promoción que salgan a la venta.

El Ayuntamiento también plantea ejercer la acción de nulidad en operaciones de compraventa que se acrediten realizadas en fraude de ley e incorporar a la normativa municipal los refuerzos de control que se implementen en la legislación autonómica.