Alicante activa el tanteo y retracto para frenar la especulación en las viviendas de playa de San Juan

El Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana ultiman la firma de un convenio para que el consistorio pueda ejercer de forma preferente el derecho de compra —tanteo y retracto— sobre las viviendas de protección pública (VPP) de la promoción Les Naus, en La Condomina, cuando un propietario solicite su venta. El objetivo, según ha señalado la concejala de Hacienda y Patrimonio, Nayma Beldjilali, es “evitar especulaciones” y ampliar el parque público de vivienda, permitiendo que estos inmuebles se incorporen al régimen de protección “con carácter permanente” si el Ayuntamiento ejerce esa adquisición.

El acuerdo se fundamenta en el artículo 53 de la Ley 8/2004 de Vivienda de la Comunitat Valenciana y, mientras se completa su firma, la administración autonómica podría ceder ya al Ayuntamiento la opción preferente de compra de aquellas viviendas cuyos titulares hayan solicitado o soliciten la venta. La intención municipal es que, una vez adquirido el inmueble mediante estos derechos, pueda destinarse a vivienda de protección municipal, con criterios de adjudicación fijados en el propio convenio.

En paralelo a esta vía de control sobre posibles operaciones de compraventa, el consistorio ha informado también del estado de las autoliquidaciones del impuesto de plusvalía vinculadas a la transmisión de viviendas de la misma promoción. El Departamento de Plusvalía ha confirmado que las nueve solicitudes registradas por Residencial Les Naus Cooperativa Valenciana entre el 11 de agosto y el 12 de diciembre de 2025 siguen “pendientes de revisión y tramitación”, al encontrarse el servicio gestionando actualmente instancias presentadas en mayo de 2025.

Según la información trasladada por el área municipal, el 8 de agosto de 2025 la cooperativa realizó una consulta por correo electrónico para conocer cómo proceder con la liquidación de las plusvalías de 140 viviendas y qué documentación debía aportar. Ese mismo día, el departamento respondió facilitando el enlace para la autoliquidación e indicando los documentos necesarios. Posteriormente, se registraron las nueve comunicaciones con escrituras de adjudicación adjuntas. Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, un representante de la cooperativa acudió en varias ocasiones para interesarse por el estado del trámite, recibiendo como respuesta que el examen y liquidación se realiza por riguroso orden de entrada.

Beldjilali ha subrayado que “la fecha de registro” no coincide con el momento en el que el documento se abre, se revisa y se conoce su contenido, y ha remarcado que la tramitación se desarrolla conforme a la normativa y a la prioridad temporal de los expedientes. El departamento calcula una demora aproximada de entre dos y tres meses para llegar a las solicitudes presentadas por la cooperativa.

En el contexto de la polémica sobre estas VPP, la responsable municipal de Hacienda y Patrimonio ha insistido en que el Ayuntamiento utilizará los instrumentos legales a su alcance para recuperar viviendas si se detecta una adquisición irregular. En esa línea, el alcalde Luis Barcala ya avanzó en un pleno extraordinario la intención del equipo de gobierno de ejercer acciones dentro de sus competencias, coordinándose con la Generalitat cuando corresponda, para impedir que disfruten de estas viviendas quienes “no tuvieran derecho” a ellas.