Investigación en Alicante por una VPO adjudicada a cargos y personal municipal

El Ayuntamiento de Alicante ha abierto una investigación interna sobre el proceso de adjudicación de una promoción de vivienda de protección pública (VPO) —la primera que se impulsa en dos décadas en la ciudad— tras conocerse que entre los compradores habría cargos y personal vinculado al área municipal de Urbanismo y Contratación. El alcalde, Luis Barcala, ha asegurado que trasladará a la Fiscalía cualquier “mínima irregularidad” que se detecte: “No voy a parar. Voy a ir hasta el final y con todas sus consecuencias”.

La promoción se levantó en una parcela pública enajenada en la zona de La Condomina, en Playa de San Juan. El expediente se inició en 2018 y, según la información trasladada, la parcela quedó en manos de una cooperativa por más de 6,5 millones de euros. Los inmuebles, con precios en torno a los 200.000 euros —por debajo de referencias habituales de mercado—, se entregaron a sus propietarios el año pasado.

Entre los adjudicatarios señalados en el caso figurarían la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez; los dos hijos de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman; y un arquitecto municipal de Urbanismo.

El consistorio ha iniciado un “expediente de averiguación de hechos”, instruido por el secretario general municipal, para esclarecer el desarrollo del procedimiento y las posibles incompatibilidades o conflictos de interés. En paralelo, el gobierno local ha solicitado información a las concejalías de Urbanismo, Patrimonio y Contratación para detallar la relación de todo el personal que participó en el expediente “sea cual sea su naturaleza”, incluyendo personal funcionario, laboral o cualquier cargo con intervención. Además, se ha requerido al departamento de Patrimonio el listado disponible de adjudicatarios definitivos de todos los pisos de la promoción.

En cuanto a las explicaciones públicas, la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, sostiene que se incorporó al procedimiento antes de recoger su acta tras las elecciones de mayo de 2023. Por su parte, María Pérez-Hickman participó durante una etapa anterior como jefa del Servicio de Contratación y ejerció como secretaria del órgano municipal que gestionó la venta de la parcela.