La Diputación asumirá el control de las depuradoras

La Diputación de Alicante asumirá durante los próximos cinco años las competencias de control e inspección de las instalaciones públicas de saneamiento y depuración de la provincia, tras la autorización del Consell para formalizar un convenio de colaboración con la Generalitat Valenciana y la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (EPSAR).

El acuerdo permite delegar en la institución provincial estas funciones, mientras que la EPSAR se compromete a financiar íntegramente los gastos derivados de la prestación del servicio. El objetivo es mejorar la eficiencia en la gestión pública y optimizar los recursos destinados al control de las infraestructuras hidráulicas de la provincia.

La delegación de competencias se apoya en la normativa de régimen local, que habilita a la administración autonómica a transferir funciones a las diputaciones provinciales. El convenio fija con detalle el alcance de las tareas, las condiciones de la prestación y los mecanismos de supervisión que se reserva la Generalitat, garantizando el control de la eficiencia del servicio.

Según el análisis de costes realizado por la EPSAR, la gestión del control de explotación a través de la Diputación de Alicante supone un coste inferior al que tendría su ejecución directa, lo que se traduce en un ahorro económico y una mayor sostenibilidad financiera del sistema. El estudio ha tenido en cuenta los costes de personal según cualificación y experiencia, así como los precios de mercado de laboratorios homologados para los análisis de agua.

La Diputación desarrollará los trabajos con autonomía, en coordinación con la Generalitat, e incluirá actuaciones como el control analítico, el seguimiento de la monitorización y la evaluación continua de la calidad del agua en las instalaciones de saneamiento y depuración de la provincia.

En materia de financiación, la EPSAR destinará hasta 12,1 millones de euros para cubrir los gastos del servicio hasta el año 2030. Las aportaciones máximas previstas por anualidades ascienden a 2,1 millones en 2026, 2,17 millones en 2027, 2,23 millones en 2028, 2,3 millones en 2029 y 3,26 millones en 2030, previa justificación de los trabajos realizados.

El convenio tendrá una vigencia inicial de cinco años y contempla la posibilidad de prórroga por un periodo adicional de hasta cuatro años, o su extinción anticipada, con un preaviso mínimo de seis meses, si así lo acuerdan las partes firmantes.