Una tragicomedia judicial

Si hay un lugar donde la realidad con frecuencia se confunde con la ficción, es en el teatro de lo absurdo que llamamos política española. En esta obra de enredos, uno de los protagonistas es el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, un hombre que parece haber salido directamente de una película de Torrente: neurótico, confuso y, lo que es peor, decidido a aferrarse a su cargo como un gato a su rascador favorito, a pesar de que todo el mundo sabe que el rascador tiene más pinta de trampa que de salvación.

Imaginemos una sala de tribunal, donde el aire se siente pesado, como cuando uno entra a un loft  lleno de libros sin la promesa de un café humeante. Los ciudadanos, que vienen en busca de justicia, parecen más bien espectadores de una comedia negra en la que el guión está escrito por un becario. Aquí, el banquillo no solo está ocupado por García Ortiz, sino que se ha convertido en un caricaturesco tablero de ajedrez en el que cada movimiento es observado con incredulidad y desdén.

García Ortiz, en su papel de héroe trágico, toma el escenario con una dignidad que recuerda a un hombre que se ha vestido para una cita, pero que al final acaba en una cena familiar con suegros. Su presencia en el tribunal es un recordatorio de la profunda crisis institucional que atraviesa España. Es como un director que se aferra a su guión, sin darse cuenta de que la audiencia ya está murmurando y mirando el reloj.

Y luego está el asunto de la filtración de datos, un escándalo que ha cocinado a fuego lento y ha estallado como una de esas viejas ollas de presión que uno encuentra en un trastero. El destinatario de la filtración no es otro que el novio de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se convierte en un personaje tragicómico en esta trama digna de un lío de amor y enredos. Las críticas se lanzan como pelotas de baloncesto en un torneo amateur; el gabinete de Ayuso y el PSOE compiten para ver quién lanza la crítica más incendiaria, mientras la ciudadanía observa desde las gradas, cada vez más frustrada por la falta de sentido común.

Si García Ortiz resulta culpable, queda claro que su título como fiscal general debería ser reemplazado por "Héroe de la Injusticia". Pero, ¿y si sale ileso? La respuesta es igual de inquietante: el daño ya está hecho, como si se hubiera derramado un café con leche sobre el traje de un banquero en una reunión de alta sociedad. La imagen de la Fiscalía, ese supuesto bastión de la justicia, se ha convertido en un meme, sufriría una transformación tan drástica como la de una marioneta que se convierte en un muñeco de ventriloquía olvidado en un rincón polvoriento.

El verdadero escándalo aquí es la supina subordinación de la Fiscalía General al poder político. Es como si Woody Allen hubiera decidido cambiar la trama de Annie Hall para contar la historia de un grupo de políticos que utilizan la justicia como un arma de doble filo. "¿Quién necesita un equilibrio de poderes?", parece preguntar esta tragicomedia. "¡Tenéis un fiscal general a la carta!"

El juicio de García Ortiz no es solo un evento judicial; es un espejo roto en el que se refleja el estado de nuestra democracia. Los ciudadanos, cansados de ver cómo las instituciones se convierten en marionetas en un teatro de sombras, sienten que su cabreo es justificado. ¿Por qué los actores en este teatro del absurdo pueden permitirse jugar con los ciudadanos a su antojo? Al final del día, lo que se juega es el prestigio de una institución que debería ser el baluarte de la democracia.

Y así, nos aventuramos hacia un final incierto en esta tragicomedia, esperando que, al menos, su desenlace no termine en un clímax de desesperanza. La ciudadanía parece cada vez más convencida de que ha llegado el momento de exigir un cambio de guión. Mientras tanto, solo nos queda contemplar cómo se desarrolla esta obra en el escenario de la justicia, con el anhelo de que, al menos, haya risas entre las lágrimas en esta tragicomedia española.