Mazón impulsa 4.000 viviendas públicas en dos años y activará nuevo suelo

. Remarca que antes de finalizar el año se activarán otros 1.000 nuevos inmuebles y señala que estas actuaciones “beneficiarán a más de 15.000 personas y supondrán una inversión de 1.000 millones”

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacado que en tan solo dos años de Gobierno “ya están en proceso de licitación, adjudicación o en fase de construcción más de 4.000 viviendas de protección pública en la Comunitat Valenciana”. De ellas, 627 corresponden a promoción directa de la Generalitat, mientras que más de 3.000 se desarrollan a través de colaboración público-privada. A estas se sumarán otros 1.000 inmuebles adicionales antes de que finalice el año.

Según ha subrayado Mazón, estas actuaciones beneficiarán a más de 15.000 personas y supondrán una inversión superior a 1.000 millones de euros. Además, la reciente modificación del decreto de viviendas de protección pública ha dinamizado al sector, con 1.200 nuevas viviendas solicitadas por iniciativa privada solo en este ejercicio.

El anuncio se ha producido durante la firma del Acuerdo por la Vivienda, rubricado por la Generalitat Valenciana, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, organizaciones empresariales, colegios profesionales, universidades, entidades públicas de suelo, instituciones de economía social y entidades financieras.

Mazón ha definido este acuerdo como “una estrategia compartida para garantizar una vivienda digna a miles de familias y jóvenes, reforzando una política transversal y social en esta materia”. En su intervención, ha incidido en la importancia de una gestión moderna y eficiente del parque público, con el objetivo de ampliar su capacidad, garantizar su sostenibilidad y adaptarlo a las nuevas necesidades habitacionales.

El jefe del Consell ha anunciado que antes de finalizar el año se iniciará el proceso para aprobar en 2026 un nuevo decreto regulador de la gestión, mantenimiento y acceso al parque público de vivienda, con el fin de consolidarlo como “instrumento clave de la política social del Gobierno valenciano”.

Asimismo, ha defendido la necesidad de reforzar la seguridad jurídica, con una normativa “coherente, predecible y justa” que fomente la inversión, combata la ocupación ilegal y promueva el alquiler asequible. También ha reiterado su compromiso con la simplificación administrativa y con el impulso de la colaboración público-privada, que se traducirá en nuevos mecanismos de cooperación con cooperativas y entidades del tercer sector para facilitar el acceso a suelo y financiación.

Más suelo para vivienda asequible

Mazón ha anunciado una estrategia integral de planificación territorial sostenible destinada a generar nuevo suelo urbanizable y facilitar los desarrollos urbanos destinados a vivienda protegida. Como ejemplo, ha citado la Ley 2/2025 de medidas urbanísticas tras la DANA, que flexibiliza parámetros urbanísticos y ha permitido iniciar la licitación de 70 viviendas industrializadas en Albal y Torrent.

El president ha resaltado que la modernización del sector de la construcción, mediante tecnologías avanzadas, procesos industrializados y mayor formación profesional, será esencial para cumplir los objetivos del Consell en materia de vivienda. También ha insistido en avanzar en reformas fiscales para reducir la carga impositiva, “porque bajar impuestos —ha dicho— funciona para reactivar una necesidad social”.

Plan VIVE: 10.000 viviendas protegidas

El Plan VIVE de la Generalitat persigue la construcción de 10.000 viviendas protegidas en colaboración con los sectores público y privado. Actualmente, 317 municipios se han adherido a la iniciativa, que cuenta con 206 solares públicos en estudio o desarrollo.

En el marco de este plan, el Consell ha movilizado y gestionado más de 220 millones de euros entre 2023 y 2025, destinados a atender a 44.500 personas vulnerables y apoyar a más de 150 ayuntamientos.

Entre las medidas complementarias destacan las ayudas al alquiler, los avales a jóvenes para la compra de la primera vivienda —de los que ya se han beneficiado 1.400 personas— y la reducción del 25% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que ha supuesto un ahorro de 38,3 millones de euros a más de 28.500 ciudadanos. Mazón ha avanzado, además, que el Consell aplicará próximamente una rebaja lineal del 10% en el ITP.

El president ha concluido señalando que con estas actuaciones “revertimos la situación crítica encontrada en 2023, marcada por una oferta insuficiente de vivienda asequible y la falta de políticas activas para impulsar el parque público”. Ahora —ha dicho— “la Comunitat Valenciana cuenta con una estrategia sólida, social y coordinada para garantizar el acceso a la vivienda que merecen los valencianos”.