Investigadas 64 personas por construcciones ilegales en terrenos protegidos de Alicante

La Guardia Civil, en el marco de sus actuaciones en materia de ordenación del territorio, ha desarrollado en la provincia de Alicante la operación Urbanitas, una investigación que ha culminado con la imputación de 64 personas como presuntas autoras de delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, y, en algunos casos, también por falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública.

Las actuaciones han sido realizadas por la Patrulla de Protección de la Naturaleza (PACPRONA) de Alicante, dentro de las intervenciones que el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) lleva a cabo para garantizar un modelo urbanístico sostenible y equilibrado en la provincia.

La investigación se inició en octubre del año pasado, tras denuncias presentadas por asociaciones vecinales y particulares, así como por irregularidades detectadas de oficio por la propia patrulla. Las informaciones apuntaban a la existencia de numerosas infracciones urbanísticas relacionadas con parcelaciones y construcciones ilegales en las partidas alicantinas de El Moralet, El Verdegás, La Cañada del Fenollar, La Alcoraya y Fontcalent.

Durante más de 70 inspecciones, los agentes comprobaron que la mayoría de los terrenos afectados eran parcelas rústicas no urbanizables y protegidas, muchas de ellas situadas en zonas de rambla, donde la normativa vigente prohíbe expresamente la división del terreno y cualquier tipo de edificación.

Las primeras diligencias permitieron detectar el modus operandi. Los intermediarios actuaban entre los propietarios de terrenos sin uso y los posibles compradores. En algunos casos, adquirían las fincas para su posterior reventa o mediaban en las operaciones con el objetivo de dividir los terrenos en pequeñas parcelas y obtener un mayor beneficio económico.

Los compradores firmaban contratos privados de compraventa, mediante los cuales adquirían un porcentaje del terreno original sin ubicación concreta, asumiendo las responsabilidades legales y urbanísticas derivadas de la totalidad de la finca matriz.

Como resultado, han sido investigados 39 hombres y 25 mujeres, de entre 23 y 66 años, tres de los cuales habrían actuado como intermediarios. A todos ellos se les imputan delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, y a algunos además falsedad documental, por alterar documentos para engañar a la Administración Pública, y delitos contra la Hacienda Pública, por defraudar a dicho organismo.

Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Alicante, y las posibles infracciones urbanísticas se han comunicado a los organismos competentes. Estas podrían derivar no solo en sanciones económicas, sino también en demoliciones de edificaciones ilegales y en el corte de suministros como agua, luz, gas o telefonía.

La Guardia Civil recuerda que adquirir una vivienda construida de forma ilegal conlleva graves riesgos, entre ellos la posibilidad de tener que demolerla, la pérdida total del valor invertido, sanciones urbanísticas, inseguridad jurídica por problemas en el registro de la propiedad y dificultades para acceder a servicios básicos como el suministro de agua o electricidad.