La Generalitat activa préstamos al 2% para empresas

El tejido empresarial de la Comunitat Valenciana contará en los próximos días con una nueva herramienta financiera. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha avanzado la puesta en marcha de una línea de financiación del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) dirigida a pymes que quieran acometer nuevos proyectos de inversión, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y social de la región.

La medida permitirá a las empresas acceder a préstamos de hasta 2,5 millones de euros, con operaciones que no superen los diez años y con un periodo de carencia de hasta tres años. Estos créditos tendrán un tipo de interés bonificado del 2%, por debajo del precio de mercado, lo que garantiza a las compañías “un escenario de estabilidad financiera durante toda la operación”, según destacó Mazón.

El jefe del Consell señaló que la publicación de esta línea en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) se prevé en los próximos días, lo que permitirá que pueda ser solicitada de inmediato por las pymes interesadas. “Queremos favorecer inversiones sólidas y sostenibles que generen empleo, aumenten la competitividad y fortalezcan el tejido productivo”, subrayó.

Además, Mazón recordó que el IVF ya ha activado líneas de liquidez “a coste cero, largo plazo y amplias carencias” para autónomos y empresas afectadas por las riadas. Gracias a la aportación directa de 65 millones de euros de la Generalitat, se han cubierto los intereses de estas operaciones, lo que ha permitido aprobar 580 expedientes y movilizar 161 millones de euros en financiación, con un ahorro estimado de 23 millones para pymes y autónomos.

En este sentido, el president defendió el esfuerzo inversor de la Generalitat “a pulmón”, sin impuestos autonómicos y con préstamos al 0% de interés, frente a “los ICO con intereses y las ayudas condicionadas del Gobierno de España”. Asimismo, instó al Ejecutivo central a aplicar una “fiscalidad cero” a todos los damnificados, y criticó que las ayudas autonómicas tengan que tributar en el IRPF, lo que calificó de “injusticia e inmoralidad”.