La alianza público-privada del Plan VIVE permitirá construir 10.000 viviendas VPO

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha defendido la cooperación entre la Administración y el sector privado como “clave” para el desarrollo de una política de vivienda “realista y efectiva” en la Comunitat Valenciana.

Así lo señaló durante su participación en la Jornada sobre la 2ª Fase de Licitación de Suelo del Plan VIVE, organizada por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante, en un acto que contó con la presencia de la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala.

Mazón subrayó que solo “sumando la capacidad operativa de las empresas con los recursos y garantías de la Administración” será posible alcanzar el objetivo de construir 10.000 viviendas de protección pública previsto en el Plan VIVE en los próximos dos años. “Estamos en un tiempo nuevo en el que la Generalitat no mira con recelo a promotores y constructores como hacía el anterior Consell”, apuntó.

Incremento presupuestario y 3.000 viviendas en marcha

El jefe del Consell recordó que el actual Gobierno valenciano ha incrementado un 30% la inversión en inmueble público respecto a los últimos 21 meses del anterior ejecutivo autonómico. En los Presupuestos de 2025, ocho de cada diez euros se destinan a gasto social y la partida de Vivienda crece un 33%, hasta superar los 304 millones de euros.

Actualmente, Mazón destacó que hay 3.000 viviendas de protección pública en diferentes fases de desarrollo, de las que 2.000 se ubican en la provincia de Alicante. Más de 850 de estos inmuebles se destinarán a alquiler asequible en ciudades como Alicante, El Campello, Sant Joan d’Alacant, San Vicente del Raspeig, Benidorm y Valencia, mientras que 370 se dedicarán a alquiler social en Gandía y Valencia. Otras 1.800 viviendas se ofrecerán para venta, alquiler o alquiler con opción a compra.

Legislatura de la vivienda

Durante su intervención, Mazón insistió en que esta será “la legislatura de la vivienda”. El Plan VIVE, con una inversión prevista de 7.326 millones de euros, contempla la construcción de 6.000 viviendas en suelo municipal y 4.000 en suelo privado, tanto para venta como para alquiler. La Generalitat trabaja de la mano de los promotores, constructores y los 317 ayuntamientos que se han adherido al convenio marco con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para movilizar suelo público.

El president también recordó otras medidas impulsadas por su Gobierno para facilitar el acceso a la vivienda, como el nuevo Reglamento de Vivienda de Protección Pública, diseñado con el sector para ofrecer mayor seguridad jurídica, la rebaja general del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en un 1% (25% en el caso de menores de 35 años y colectivos vulnerables), la simplificación administrativa o la puesta en marcha de avales para jóvenes a través del Instituto Valenciano de Finanzas.

“Las políticas de vivienda están ahora integradas en las políticas sociales porque el acceso a una vivienda digna ya no es solo un problema económico o de emancipación, es una necesidad social”, concluyó Mazón.