La Generalitat activa un plan contra la ocupación ilegal

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado este jueves un ambicioso Plan Integral contra la Ocupación de Viviendas, con el objetivo de prevenir y combatir las actividades ilícitas asociadas a la ocupación ilegal, así como reforzar la seguridad y confianza de los propietarios y reducir los conflictos vecinales derivados de esta problemática.

Según explicó Mazón, la ocupación ilegal ha experimentado un fuerte repunte en los últimos años. En la Comunidad Valenciana, las denuncias se han multiplicado por seis desde 2010, pasando de 277 a 1.767 denuncias en 2024, cifras que reflejan una tendencia similar a la nacional. “Estamos ante un problema que genera alarma social, deteriora el mercado de la vivienda y mina la convivencia”, subrayó el president.

Asesoramiento legal, atención psicológica y protocolo policial

Entre las principales medidas del plan destaca la creación de una oficina de atención a víctimas de ocupación, que estará operativa en las próximas semanas y contará con un servicio telefónico a través del número 012. Esta oficina coordinará atención jurídica, psicológica y social a través de las 37 Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito y los 66 centros Justiprop repartidos por toda la Comunidad.

También se han formado abogados, psicólogos y trabajadores sociales para atender a las víctimas desde el primer momento, y se elaborarán protocolos específicos para policías y empleados públicos en colaboración con el Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía. El IVASPE formará a policías locales y autonómicos para intervenir de manera rápida ante casos flagrantes.

Medidas para prevenir y actuar con rapidez

El plan incluye la redacción de una Guía Informativa para prevenir y actuar ante ocupaciones, que se distribuirá en colaboración con los ayuntamientos y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Además, se firmará un protocolo con administradores de fincas para actuar frente a casos de ocupación o inquiocupación.

Otra de las medidas clave es la creación de una conexión telemática entre la Generalitat y la Policía que permitirá saber al instante quién es el titular de una vivienda ocupada, lo que facilitará los desalojos. También se coordinará con los Servicios Sociales para valorar casos de vulnerabilidad y garantizar un enfoque equilibrado.

Críticas al Gobierno y propuestas legislativas

Mazón ha señalado que, al asumir el gobierno autonómico, encontraron más de 1.800 viviendas del parque público ocupadas, más del 10% del total. Según denunció, el anterior ejecutivo no tomó medidas para resolver esta situación.

Por ello, ha reclamado al Gobierno central la derogación de la actual Ley de Vivienda, que —a su juicio— “protege más al ocupante que al propietario” y ha provocado que muchas viviendas salgan del mercado por miedo de los propietarios. También ha exigido reformas legislativas para agilizar los desalojos, refuerzo de la autoridad de las fuerzas de seguridad, deducciones fiscales para inmuebles ocupados en proceso judicial y protocolos nacionales para recuperar las propiedades de forma exprés.

La vivienda, eje prioritario del Consell

Para Mazón, la ocupación y la inquiocupación son consecuencias de un problema estructural: la falta de vivienda disponible. Ha acusado al anterior Gobierno autonómico de no entregar nuevas viviendas sociales y bloquear desarrollos urbanísticos, mientras que la Generalitat actual —según ha destacado— ha puesto en marcha el Plan Vive, rebajas fiscales, avales para jóvenes y licitación de vivienda protegida, con la vivienda como una de sus prioridades estratégicas.