La Generalitat acusa a la CHS de bloquear la desaladora de Torrevieja

La Generalitat Valenciana ha acusado este sábado a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) de mantener durante más de un año un proyecto inviable desde el punto de vista ambiental para la ampliación de la desaladora de Torrevieja, al pretender ubicar parte de las infraestructuras en terrenos protegidos por la Red Natura 2000. Desde el Consell lamentan que este “bloqueo técnico y legal” se esté intentando atribuir falsamente a la Generalitat.

El secretario autonómico de Medio Ambiente, Raúl Mérida, ha asegurado que la CHS “sabía desde 2023 que una de las balsas del proyecto no podía instalarse en suelo protegido” y ha calificado la situación como “una irresponsabilidad y una mentira continuada a regantes y ciudadanos”.

Mérida ha destacado que la Generalitat ha propuesto una alternativa viable en la pedanía oriolana de Hurchillo: “Cumple con los requisitos técnicos, está a la misma cota y no supone un incremento de costes. Lo que no vamos a permitir es que se pisotee la legalidad ambiental ni que se utilice el agua como arma política”.

El responsable autonómico ha recordado que fue él mismo quien advirtió públicamente del problema hace tres semanas, comprometiéndose a aportar soluciones. “Es indignante que se culpe a la Generalitat de bloquear el agua cuando es el Gobierno central quien lleva años sin actuar. Ahora pretenden imponer conducciones ilegales, lo que demuestra un uso sectario del agua”, ha señalado.

Por su parte, la directora general del Agua, Sabina Goretti Galindo, ha criticado la demora de cinco años en la puesta en marcha de las nuevas desaladoras de Torrevieja y Águilas, anunciada esta semana por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. “Se presentan como alternativa al trasvase Tajo-Segura mientras se sigue recortando un trasvase vital para el regadío del sureste español”, ha afirmado.

Galindo ha advertido que los recortes al trasvase aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez “sin ningún respaldo técnico” conllevarán graves consecuencias: pérdidas económicas de hasta 6.000 millones de euros, la destrucción de 15.000 empleos y la tala de 10 millones de árboles.

“La ciudadanía necesita soluciones, no propaganda política. El agua es un bien común, no un instrumento electoral. Mientras algunos mienten, desde la Generalitat trabajamos con rigor técnico y legal para garantizar el agua que necesita nuestra tierra”, ha concluido.