Labora destapa un fraude de más de un millón de euros en ayudas al empleo en Elche

El Servicio Valenciano de Empleo y Formación, Labora, ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil contra un entramado empresarial con sede en Elche por un presunto fraude de más de un millón de euros en ayudas públicas destinadas a fomentar el empleo. Así lo ha comunicado el secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvañ, quien ha detallado que las irregularidades se detectaron en once empresas beneficiarias de subvenciones cofinanciadas por la Generalitat Valenciana y el Fondo Social Europeo.

La denuncia, tramitada por la dirección territorial de Labora en Alicante, señala indicios de prácticas fraudulentas cometidas entre 2021 y 2022, durante el anterior gobierno del Botànic. Según explicó Galvañ, las empresas habrían utilizado distintos programas de ayudas —como Ecovul, Ecogju y Ecovut— para obtener fondos públicos mediante contrataciones ficticias o fraudulentas.

Entre las anomalías detectadas figuran ceses de empleados que eran contratados inmediatamente por otras empresas del mismo entramado para volver a recibir subvenciones, similitudes en la actividad y funcionamiento de las entidades implicadas, y el cierre anticipado de compañías antes de que se cumpliera el periodo obligatorio de mantenimiento de los contratos. En muchos casos, las sociedades compartían el mismo administrador.

Ante esta situación, Labora ha intensificado sus controles y ha introducido nuevas medidas para prevenir el fraude. Entre ellas, se ha endurecido el acceso a las subvenciones, se vigilan las posibles relaciones entre empresas solicitantes y se exige que no hayan tenido contratos indefinidos recientes. También se ha reducido notablemente la cuantía de las ayudas por trabajador, pasando de los 28.000 euros anteriores a un máximo de 10.000 euros, para desincentivar el uso fraudulento de estos fondos.

Galvañ ha subrayado que se comprobará de forma exhaustiva que los contratos subvencionados se mantengan durante los dos años exigidos y ha lamentado que haya quienes aprovechen recursos destinados a personas con dificultades de acceso al mercado laboral para su beneficio propio.

“El dinero público debe llegar a quienes verdaderamente lo necesitan. Vamos a reforzar los controles para garantizar que así sea”, ha concluido el responsable de Empleo.