El sistema de Bomberos en la CV atrapado por su regulación

Desde hace unos años, el acceso y la promoción dentro del cuerpo de bomberos en la Comunidad Valenciana han cambiado drásticamente. La exigencia de un título específico ha generado un problema que afecta tanto a los bomberos en activo como a quienes aspiran a entrar en la profesión. Lo que parecía una medida para profesionalizar el sector está teniendo consecuencias inesperadas: se ha creado un cuello de botella en la formación, se ha abierto la puerta a la educación privada y, lo que es peor, se está delegando la evaluación de los bomberos en personas ajenas al sector.

1. Un cuello de botella en la formación

El título de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil es obligatorio para ascender dentro del cuerpo de bomberos. Sin embargo, la oferta pública de plazas en la Comunidad Valenciana ha sido muy limitada. Desde su implantación en 2022, se han ofertado entre 160 y 240 plazas en institutos públicos, cuando en la Comunidad Valenciana hay unos 2.000 bomberos profesionales.

El resultado: muchos bomberos en activo necesitan esta titulación para promocionar, pero compiten con los jóvenes aspirantes que quieren acceder a la profesión. No hay suficiente espacio para todos, lo que ha creado una situación absurda: bomberos con años de servicio peleando por una plaza en FP con chavales que acaban de salir del instituto.

2. El negocio de la educación privada

La falta de plazas públicas ha sido aprovechada por el sector privado. En los últimos años han aparecido centros que ofrecen el ciclo de emergencias con precios que oscilan entre los 6.000 y 8.000 euros. Esto significa que muchas familias, si quieren que su hijo acceda a la profesión, deben desembolsar una cantidad considerable de dinero sin garantía de obtener un puesto en el servicio público.

Pero el problema no termina ahí. Si la titulación se convierte en la única vía de acceso a la profesión, cualquier empresa privada podría crear parques de bomberos en municipios sin servicio público, como ya ocurre en algunas localidades de Murcia. Estamos dejando abierta la puerta para que las emergencias se conviertan en un negocio.

3. La injusticia con los bomberos con experiencia

El problema no es solo para los nuevos aspirantes, sino también para los bomberos en activo. Muchos llevan 20 o 25 años en la profesión y tienen titulaciones avanzadas en ingeniería, prevención de riesgos o arquitectura técnica, pero no pueden ascender porque no tienen el ciclo superior de emergencias.

Es decir, un bombero con experiencia real, con formación universitaria relacionada, no puede promocionar, mientras que alguien recién titulado en FP, sin experiencia, sí cumple con los requisitos académicos. Esto no tiene sentido en un sector donde la experiencia y la capacidad de liderazgo son fundamentales.

4. La paradoja de los evaluadores

El otro gran problema es la acreditación de competencias. Aquellos bomberos que intentan obtener el título a través de la vía de reconocimiento profesional no son evaluados por bomberos, sino por técnicos en prevención, protección civil y otros perfiles ajenos al sector.

Se ha creado una figura que decide el futuro de profesionales con décadas de experiencia sin haber trabajado nunca en un parque de bomberos ni haber gestionado emergencias reales. Esto es una incongruencia total. Peor aún, los propios bomberos en activo son los que tutorizarán a los alumnos del ciclo de FP en sus prácticas, pero ellos mismos tienen que depender de la valoración de estos evaluadores para obtener su titulación.

5. El impacto de las decisiones mal planificadas

Toda decisión en materia de formación y empleo público tiene un impacto mucho mayor del que a veces se prevé. Lo que parecía una simple exigencia de titulación ha desencadenado un efecto dominó con múltiples consecuencias.

Se ha generado un cuello de botella en los centros públicos de docencia, provocando que muchos bomberos en activo no puedan acceder a la formación necesaria para ascender. Esto ha derivado en la proliferación de la educación privada, donde obtener el título ya no es cuestión de mérito, sino de dinero. A su vez, esto abre la puerta a que las emergencias se conviertan en un negocio, con empresas privadas aprovechándose de la falta de regulación.

Cualquier decisión que afecte a un sistema tan complejo como el de emergencias debe ser analizada en profundidad antes de ser implantada. Pero, además, es fundamental que una vez que vemos los efectos reales, tengamos la capacidad de revisar y corregir lo que no ha funcionado. No podemos seguir adelante con una normativa que genera más problemas de los que soluciona, simplemente porque en su momento se consideró la mejor opción.

La experiencia nos demuestra que no todas las soluciones teóricas funcionan en la práctica. Es momento de abrir un debate serio sobre cómo garantizar una profesionalización real del sector sin generar más barreras de acceso, desigualdades y oportunidades de negocio para empresas privadas a costa del servicio público.

6. El problema de las titulaciones de Grupo B y la competencia interna

No solo los bomberos con titulaciones universitarias superiores están siendo afectados por esta normativa. También hay compañeros con titulaciones de Grupo B, como el Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, que tienen una relación directa con la profesión. Estos conocimientos pueden ser fundamentales a la hora de diseñar protocolos de actuación y garantizar la seguridad en intervenciones donde se requiere un recurso preventivo.

Sin embargo, a pesar de su conexión con la actividad operativa, estas titulaciones no son reconocidas como válidas para el ascenso, lo que ha generado un malestar adicional dentro del cuerpo de bomberos.

A esto se suma un problema de fondo: la sensación de que la promoción dentro del cuerpo se ha convertido en una competición. En muchos parques, se percibe que cuantos menos bomberos logren obtener el título específico, menos competencia habrá para las promociones, lo que genera roces y tensiones entre compañeros. La falta de una oferta educativa suficiente ha provocado que la carrera profesional dependa de la posibilidad de acceder a una formación escasa, en lugar de basarse en la experiencia y el mérito.

Lo cierto es que la necesidad de un título específico para ascender no es algo nuevo. Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos es ¿se ha garantizado realmente una oferta educativa suficiente para que todos los bomberos tengan las mismas oportunidades? Si la respuesta es no, entonces es momento de replantear el sistema antes de que las desigualdades y las tensiones internas sigan creciendo.

A día de hoy, ni el Grado Medio ni el Grado Superior en Emergencias son requisitos obligatorios para acceder a la escala básica de bomberos. Sin embargo, sí puntúan en el concurso de méritos, lo que ha generado una nueva problemática dentro del proceso de selección.

Los bomberos interinos que ya forman parte de las plantillas han visto cómo esta titulación se ha convertido en un factor determinante para consolidar su plaza. Ante la escasa oferta pública de formación, muchos se han visto obligados a recurrir a centros privados para obtener la titulación, generando aún más negocio en el sector.

¿Cuál es el resultado? Un sistema de acceso cada vez más saturado, donde las notas de corte están alcanzando niveles casi inalcanzables, acercándose al máximo que un alumno brillante puede obtener. Esto implica que quienes no logren la máxima puntuación en las pruebas tendrán que recurrir a la formación privada, suponiendo un esfuerzo económico adicional para sus familias. Y lo más preocupante, estamos hablando de un simple ciclo medio de FP.

7. La capacitación y la apertura al negocio privado

Uno de los efectos secundarios de la implantación del título específico es que quienes obtienen el Técnico Superior o Medio en Emergencias se consideran automáticamente capacitados para trabajar en el sector. Sin embargo, esto también genera una consecuencia aún más preocupante: el sector privado puede aprovechar esta situación para hacer negocio con las emergencias.

El Decreto de Desarrollo Curricular (DDC) les otorga a estos titulados la capacitación necesaria, lo que permite a las empresas privadas disponer de un nuevo perfil profesional para ofrecer servicios de emergencias. Esto abre la puerta a la privatización del sector y a la mercantilización de un servicio esencial, donde lo que debería primar es el servicio público y la protección ciudadana, no el beneficio económico.

Las emergencias no deberían estar sujetas a intereses lucrativos, pero la implantación de esta titulación sin una regulación adecuada podría terminar convirtiéndolas en un negocio más. La pregunta que debemos hacernos es clara: ¿queremos un sistema de emergencias basado en la profesionalidad y el servicio público o uno en el que las empresas privadas determinen quién y cómo se atienden las emergencias?

*Jesús Lorente, Bombero del Ayuntamiento de Alicante (SPEIS) y delegado de personal de Csif