Indultos, ¡pa qué las prisas!

Al grano, por mucho que la hasta ahora fallida Eurocopa coincida en el tiempo con este escabroso asunto, es el tema de actualidad. Seguramente al gabinete presidencial le habría venido de perlas que nuestro “combinado nacional” presentara mejor imagen y menos decepción, pero los resultados suelen ser la evolución de un trabajo y, milagros aparte, lo que mal empieza difícilmente termina bien.

Hace años, por motivos de trabajo, solicité un indulto al Consejo de Ministros. Sin desvelar datos particulares, se trataba de un chico que dio positivo en un test de alcoholemia por escasas décimas sobre el límite. El juicio, no existían los juicios rápidos, se celebró como cuatro años más tarde del hecho. Para entonces mi cliente contaba ya con veintiséis años, una pareja estable (no recuerdo si eran o no matrimonio, es lo de menos), una vida muy ordenada, casi aburrida, y una profesión estable con la que se mantenía a sí mismo y allegados. Obviamente, ante la incontestable vulneración de la norma y ante la inexistencia de defectos formales anulatorios de la investigación y acusación, aconsejé a mi cliente pactar una conformidad y, no recuerdo exactamente, fue condenado a ocho meses o un año de retirada de carné de conducir y multa. La multa se pagó y el carné se entregó.

Inmediatamente, entendiendo que se cumplían los requisitos para la concesión del indulto eché mano de la, ahora tan conocida, ley del ramo de 18 de junio de 1.870. Sin prisa ninguna el Juzgado sentenciador emitió informe (cuatro líneas literalmente) dictaminando que no procedía su concesión y el Consejo de Ministros, un año y medio más tarde y cumplida con creces la condena, devuelta la licencia de conducción y careciendo de sentido todo pronunciamiento al respecto, denegó la concesión del mismo. Hale, a otra cosa, mal sabor de boca como tantísimas otras veces. La práctica me viene demostrando que una de las peores experiencias que puede padecer el ciudadano es tener la necesidad de acudir al amparo de la Administración, y especialmente de la de Justicia. Bien sea como demandante, demandado, querellante, querellado, perito o incluso testigo.

Al parecer mis argumentos de que la pena impuesta, a las alturas que lo fue, no cumplía con la función resocializadora prevista constitucionalmente (art. 25 CE), que su cumplimiento no beneficiaba a la sociedad y perjudicaba al justiciable, que impedía el desarrollo económico y social de una persona totalmente arrepentida del hecho (se me olvidaba decir que su profesión era, y es hoy en día, comercial para lo que resulta esencial el vehículo) y que ante la situación creada se arrepentía absolutamente de la imprudencia que le llevó a cometer la infracción, no convencieron al Consejo de Ministros de la época, si es que le dedicaron algo de su precioso tiempo. Lo dudo fundadamente.

¿Somos todos iguales ante la LEY?. Seguramente sobre el papel así es, pero en la práctica parece que hay algunos que son más iguales que otros. Para alguien de letras resulta de imposible comprensión, quizá algún matemático pueda explicar la diferencia a través de complejas fórmulas al alcance de unos pocos. Parece que nuestro Presidente también es experto, como en otras tantas cosas, en estos menesteres.

Parece inminente la concesión de unos indultos a todos los líderes del separatismo catalán que cometieron los delitos por los que el Tribunal Supremo les condenó. Digo a todos porque la concesión a los condenados supone la exculpación a los fugados de la Justicia (debería cambiarse el nombre), que tan amparados han sido por nuestros socios europeos en un ejercicio de solidaridad y apoyo en la persecución de “presuntos y no tan presuntos” delincuentes. Gracias de verdad, es un consuelo pensar que siempre podemos contar con Europa para lo que necesitemos. Por si pasa desapercibido, es pura y lamentable ironía.

Hace tiempo que renuncié a la máxima, tan manida y útil a los poderosos, de que todos somos iguales ante la ley. Es evidente que no es así. Lo es tanto que no hace falta explicarlo. Mi cliente no obtuvo ni la atención, ni el esmero necesarios para su tramitación en forma y concesión. Probablemente tampoco cumpliera los requisitos, no lo descarto y, además, qué puñetas le importaba a todo un Consejo de Ministros que un comercial se quedara sin medio de vida durante el tiempo de condena. Acaso se iba a resentir la estructura del Estado o las posibilidades del gobierno del momento por su denegación. Pues claro que no.

Esa es, concretamente, la pregunta. That is the question, que dirían si vivieran Shakespeare o Doyle. Obedece la concesión, sus prisas y difusión a una necesidad real del Estado o del actual e inestable gobierno. Es necesario pasar por encima de la Sentencia de todo un Tribunal Supremo, de su informe denegatorio y de la repulsa de la inmensa mayoría de ciudadanos por el, supuesto, bienestar del Estado. Hay apremio y necesidad de crear polémica sobre si el Jefe del Estado debe o no firmar el decreto de turno y ponerse en un brete constitucional acerca de si el derecho de gracia lo ejerce el Rey o lo hace el gobierno.

Con sinceridad Sr. Sánchez, Ud. no me gusta, hace tiempo que no me gusta y no tiene nada que ver con su ideología, si es que tiene alguna. Ni me escondo ni me esconderé nunca. No creo que haya sido sincero ni cuando le preguntan en un restaurante sobre lo que quiere tomar, pero si me convence de que indultar a estos delincuentes confesos e irredentos es una necesidad del Estado para conseguir un fin más elevado soy capaz hasta de apoyarle. Me extrañaría pero le otorgo el beneficio de la duda.

Si me convence de que, a pesar de reiterar su convicción de que el delito lo volverán a cometer; de que lo que han hecho era lo que tenían que hacer; de que volverán a hacerlo en cuanto puedan; de que el indulto es un logro y triunfo de sus razones y actitudes; de que con ello han conseguido poner de rodillas a un país que se precia de no acoquinarse en tablas; de que merece la pena denigrar a todo un país, a sus instituciones jurídicas más elevadas y hasta al propio Jefe del Estado, es decir, si me convence de todo ello, quizá y sólo quizá, hasta entienda que haya vendido su primogenitura por el plato de lentejas que le ofrecen.

Hasta la fecha y visto lo visto, tengo la firma convicción que tales concesiones no responden más que a su apego al poder y a perpetuarse en él sin importarle, en absoluto, lo que todo un país pueda pensar y, mucho menos, su dignidad.

Para finalizar le recuerdo un concepto, antiguo pero a la vez moderno. Se llama democracia y viene a significar el gobierno del pueblo. Si le añadimos el calificativo constitucional, es el sistema de gobierno de los países más avanzados del mundo y significa, más o menos, que las facultades de representación que se otorgan en las urnas tienen como límite infranqueable los derechos recogidos en la norma fundamental que, nadie, repito, nadie por guapo, infalible o perpetuo que se crea, debe violar y que, al acceder al cargo, jura cumplir.

¿Qué le ponemos de comer?

*Enrique Vila es abogado. Fundador del despacho Romiel y Vila Abogados.