¿Irregularidades en la nueva contrata de basuras de Elche?

Por ello, han demandado al equipo de gobierno local (PSPV-PSOE y Compromís) que recapacite y vuelva a abrir el proceso de diálogo para diseñar la contrata.

Estos colectivos han presentado ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales un recurso en el que piden la suspensión del procedimiento de licitación de la contrata de limpieza y recogida de residuos, así como la anulación del pliego, según un comunicado del grupo ecologista Margalló.

Este recurso se basa en el supuesto incumplimiento de varios apartados de la nueva Ley de Contratos del Sector Público y en presuntas infracciones detectadas en el pliego de licitación en materia de gestión de residuos.

También se critica la no división en lotes de contrato, que impide la participación en el concurso de adjudicación a pequeñas y medianas empresas y a entidades de economía social.

En este sentido, la Asociación para el Desarrollo Rural (ADR) ha calificado de "lamentable" que "en lugar de trabajar dentro de la legalidad para que empresas de la zona se beneficien con esta contrata", se haya "diseñado para favorecer a cuatro o cinco macroempresas del sector".

Desde el Ayuntamiento han señalado que remitirán una copia del expediente de contratación al Tribunal Central de Recursos Contractuales.

Han asegurado que estos recursos son habituales en expedientes de contratación de este tipo y que el Tribunal no ha solicitado su paralización, por lo que el procedimiento continúa.

El alcalde de Elche, el socialista Carlos González, dijo en mayo pasado que este nuevo pliego de limpieza "está hecho a la medida de las necesidades de los barrios y pedanías para convertir a Elche en una de las ciudades más limpias de España".

El precio de salida de la licitación es de 28,5 millones, de los que 19,9 corresponden a la limpieza y 8,6 a la recogida de basuras.

El contrato tendrá una duración de 10 años, sin posibilidad de prórroga. El valor actual de la contrata es de 22 millones de euros.

Entre las medidas destacan la implantación del quinto contenedor para la recogida orgánica, la recuperación del barrido los siete días de la semana y la renovación total de toda la maquinaria.

También se prevé la puesta en marcha de una brigada rural para la recogida de vertidos ilegales en el campo, así como la digitalización de la prestación del servicio.