Soler habla de maniobra del PP la querella del solar del IMED

La querella fue interpuesta contra Alejandro Soler y otros concejales de su época como máxima autoridad en el municipio ilicitano por presunta prevaricación y malversación.

Soler, actual número tres de la lista electoral del PSOE al Congreso por Alicante, ha hecho estas manifestaciones, a preguntas de los periodistas, tras prestar declaración hoy en el Juzgado de Instrucción 1 de la Ciudad de la Justicia de Elche en relación con esa denuncia.

Según el político socialista, durante su comparecencia ante la autoridad judicial ha expuesto que esta querella es "una burda maniobra del PP que carece de fundamentos desde el punto de vista jurídico" y que, además, "pone en cuestión una buena gestión desde el punto de vista político, que permitió la implantación de un hospital magnifico".

Ha asegurado que también ha demostrado con un informe de la empresa municipal Pimesa y del secretario municipal que la actuación "fue correcta" y que el precio de la venta de terrenos se encontraba por encima de las tasaciones y no al contrario.

"Pimesa actuó de forma ejemplar como siempre", ha aseverado Soler, para quien, con esta querella, el PP quiere "desgastar" al PSOE a través de una persona como él.

Ha vaticinado que, finalmente, se archivará y no afectará al proceso electoral.

Además de Soler, también estaban citados a declarar los exediles socialistas Alejandro Pérez, Federico Buyolo y Emilio Martínez.

La próxima semana será el turno de la exedil de Compromís Ángeles Candela y de dos técnicos de Urbanismo.

Los hechos se remontan al periodo 2007 y 2008, cuando el ayuntamiento era propietario de una parcela en Torrellano que acabó siendo vendida directamente a una empresa relacionada con la investigación por la supuesta financiación irregular del PSPV y Bloc en esos años.

Dicha venta se llevó a cabo a través de la sociedad pública municipal del suelo Pimesa con el fin de levantar el Hospital del grupo IMED en Elche y que funciona en la actualidad.

Para los querellantes, el consistorio debería haber sometido a pública subasta la enajenación del suelo, pero lo que hizo fue aportarlo al capital social de Pimesa.

De este modo, creen que la empresa de promoción del suelo pudo venderla directamente a un precio pactado que los querellantes consideran que estaba por debajo del mercado.