La exedil de Cultura de Castalla, ahora desvinculada de la política municipal, estaba acusada de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, castigado con multa e inhabilitación especial para el desempeño de cargo público.

Las diligencias se iniciaron a instancias de la denuncia presentada en 2013 por el PP local, tras detectar presuntas anomalías en la contratación del certamen que se organizó en el año 2012, con motivo de la festividad de San Isidro.

La resolución del jurado, que se ha aprobado por unanimidad después de dos horas y media de deliberación, considera "no probados" los hechos que se le imputaban por lo que declara a Durá "no culpable", tras tres días de juicio y un proceso que se ha dirimido a lo largo de siete años.

La sentencia absolutoria, que es recurrible en apelación, declara las costas de oficio.