Miguel López insiste en evitar al jurado popular

La defensa de López, yerno de la víctima mortal, ha presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra el auto de la magistrada de la Audiencia Provincial, Francisca Bru, en el que, en primera instancia, se rechaza su deseo de que sea un tribunal profesional y no un jurado popular quien enjuicie los hechos que se le imputan.

Para López, la fiscalía pide 24 años de prisión por el crimen de su suegra.

Mari Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala, falleció tras recibir dos tiros en la cabeza en la tarde del 9 de diciembre de 2016, mientras se encontraba en un concesionario de vehículos propiedad de la familia y dirigido, precisamente, por López.

La Fiscalía y la acusación particular, ejercida para el hijo primogénito de Vicente Sala, Vicente Sala Martínez, solicitan para López los referidos 24 años de prisión al considerarlo único responsable de la muerte de su suegra.

En el recurso ante el TSJCV, el letrado de López, Javier Sánchez-Vera, reproduce los mismos argumentos que ya planteó ante la magistrada y presidenta del tribunal del jurado de la Audiencia Provincial durante la fase de cuestiones previas.

Así, a largo de 35 páginas insiste en que las constantes filtraciones sobre el avance la investigación difundidas a través de los medios de comunicación habrían generado un "juicio paralelo" en contra del acusado que podría generar una "una perniciosa y muy grave contaminación" sobre los ciudadanos que resulten seleccionados para formar parte del jurado.

En esta línea, también reitera su petición de que, en todo caso, el juicio pueda celebrarse en una provincia de otra comunidad autónoma, si se decide continuar bajo el procedimiento del tribunal del jurado.

Todo con el fin de evitar que se vulnere "irremediablemente el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, a la imparcialidad judicial y, en definitiva, a la presunción de inocencia" del acusado.

La magistrada que preside el tribunal del jurado ya desestimó esa petición tras subrayar que no existía precedente alguno.

El recurso incide, igualmente, en la petición de nulidad de algunas de las pruebas practicadas, como el registro del domicilio de López, según la defensa, efectuado inicialmente por los investigadores policiales sin la presencia de autoridad judicial.

Por último, también solicita la nulidad del material intervenido en dispositivos móviles e informáticos tras alegar que se habría incumplido la cadena de custodia antes de su volcado.

Las partes personadas en el proceso -la Fiscalía y la acusación particular- disponen ahora de un plazo de cinco días para formular alegaciones para su estudio por parte de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV.