El juicio de las basuras incluye el fallo de los 'pinchazos'

En la reanudación del juicio después de que hace dos semanas las defensas plantearan las cuestiones previas, hoy es el turno para que la fiscalía Anticorrupción de Alicante se pronuncie sobre esos planteamientos previos de los letrados de los 34 acusados.

Antes de reiniciarse el juicio, los fiscales Pablo Romero y Felipe Briones han solicitado incorporar a la causa la reciente sentencia sobre la rama del Brugal del denominado caso Autisa que valida los pinchazos telefónicos de la Policía Nacional, y el tribunal de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial alicantina, con sede en Elche, lo ha aceptado tras no haber pronunciamiento expreso contrario de las defensas.

En esta sesión, también se ha dispensado a una de las enjuiciadas, la exalcaldesa oriolana del PP Mónica Lorente, de estar presente durante la jornada matinal a causa del fallecimiento de un familiar.

Durante esta jornada y en las que siguen esta semana, Anticorrupción ofrecerá su posición sobre la validez de las intervenciones telefónicas y el resto de las cuestiones previas de las defensas en torno al contrato de basuras de la ciudad de Orihuela, origen del denominado 'caso Brugal'.

A comienzos de marzo y durante dos sesiones, los abogados de los 34 acusados, entre ellos los exalcaldes de Orihuela del PP José Manuel Medina y la citada Lorente, y el industrial Ángel Fenoll, pidieron anular las escuchas y también se quejaron del prolongado secreto de las actuaciones durante la instrucción: 36 meses entre la primavera de 2007 y 2010.

La investigación comenzó en 2006 por el posible amaño en el contrato local de las basuras durante la etapa del alcalde popular Medina. De las 34 personas que se enjuician, quince han tenido o tienen la condición de autoridad o funcionarios públicos, como el referido Medina y Lorente y siete exediles de la corporación municipal.

Para Medina, Anticorrupción pide 12 años de prisión, para su sucesora Lorente 8 y para el principal implicado, Fenoll, un total de 37 años y 8 meses.

Sostiene que Fenoll, que destapó el caso al creer que no se le iba a adjudicar el contrato de basuras de Orihuela, conformó una presunta trama mafiosa que extorsionó a cargos públicos con la amenaza de revelar grabaciones con información relevante para "doblegar su voluntad".

La investigación de las presuntas ilegalidades en la adjudicación del contrato de basuras de Orihuela destapó 17 piezas separadas sobre supuestas irregularidades en toda la provincia de Alicante, y el juicio se prolongará hasta finales de año.

Entre las piezas separadas del Brugal destacan la investigación del plan zonal de residuos de la Vega Baja -por la que deberá ser juzgado el expresidente de la Diputación y del PP de Alicante Joaquín Ripoll- y la que indaga una presunta trama de corrupción en torno al urbanismo de la capital provincial, con los exalcaldes populares Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo entre los acusados.