COMISIÓN DE LA SANTA FAZ
Luis Barcala avisa de que el extripartito va contra la Iglesia

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, acusó ayer al PSOE, Guanyar y Compromís de "abrir una cruzada y causa general contra los bienes de la Iglesia". El motivo: impulsaron torticeramente la creación de la Comisión de Santa Faz cuando aseguraron que era para tratar la propiedad del conjunto del Monasterio.
El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), lo tiene claro. Los integrantes del PSOE, Guanyar y Compromís en el Ayuntamiento "no respetan, no quieren a la Santa Faz".
Barcala acusó a los partidos que formaron en su día el fracasado tripartito de "mentir", porque su intención al crear la Comisión de la Santa Faz era, en realidad, "abrir una cruzada y causa general contra los bienes de la Iglesia". En similares términos se pronunció también ayer Ciudadanos.
"Hoy ha quedado en evidencia que no quieren la Santa Faz y lo que pretenden es ver la fórmula para quitar el Monasterio a las monjas y al final desahuciarlas, ese es el objetivo último de esta cruzada", señaló Barcala al término de la comisión. El alcalde solicitó a los representantes de PSOE, Guanyar Alacant y Compromis que definan los bienes que ellos creen que deben estar bajo el control y tutela del Ayuntamiento.
Luis Barcala planteó de nuevo el cierre de la Comisión. El alcalde considera que ya no tiene objeto tras la vuelta de las monjas Clarisas al Monasterio, que han retomado la custodia de la reliquia. Barcala tacha de "barbaridad oportunista, irresponsable y mezquino" utilizar la Santa Faz con el objetivo "de revertir todos los bienes de la Iglesia, cuando han tenido tres años para hacerlo mientras gobernaban".
La Comisión (en la imagen) acordó ayer por unanimidad su régimen de organización y funcionamiento, que incluye que en el plazo de dos meses, el secretario redactará un informe sobre la propiedad del Monasterio de la Santa Faz, al que los miembros de esta Comisión podrán aportar la información que crean conveniente.
También se acordó que PSOE, Guanyar Alacant y Compromis presentarán un listado de los bienes inmatriculados de la Iglesia que consideren que deben estar bajo el control y la tutela del Ayuntamiento de Alicante en el plazo de dos meses, para con posterioridad investigarlos, y que las concejalías de Patrimonio, Cultura y Urbanismo designarán a los técnicos que asistirán a los trabajos de la Comisión.
"Esta investigación que se solicita tiene un coste que van a pagar todos los alicantinos", apunta el concejal de Patrimonio, Carlos Castillo (PP), quien insiste que hay un "interés explícito y partidista que conllevaría al final un pleito contra la Iglesia que no se persigue contra otras instituciones".
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