El tribunal del juicio a Castedo, Alperi y Ortiz pide abstenerse

Según fuentes judiciales consultadas por Efe, esta petición excepcional se respalda en que los magistrados de dicha sección han resuelto en 2015 y 2017 sendos recursos de los acusados, por lo que podrían haber quedado "contaminados" y podrían ser objeto de impugnación por alguna de las partes.

De esta manera, creen que el hecho de haber conocido parte de la instrucción en una fase judicial anterior a recibir la causa para su enjuiciamiento (hace solo un mes) podría ofrecer para alguna de las partes una apariencia que ponga en duda su imparcialidad.

Concretamente, los recursos resueltos previamente a que la causa para el enjuiciamiento recayera en la propia Sección Tercera a comienzos de noviembre de 2018 se refieren al rechazo a una petición del exalcalde Díaz Alperi y a solicitudes de otros encausados contra su procesamiento.

La demanda de abstención ha sido elevada a la presidencia de la Audiencia Provincial para que su presidente, Juan Carlos Cerón, designe una sala especial con otros magistrados que analicen esta solicitud y determinen si procede o no.

La petición del tribunal incluye la sustitución de los magistrados por otros de las otras tres secciones penales de la Audiencia alicantina pero no que la causa vaya a otra sección.

Se da la circunstancia de que la misma Sección Tercera ya confirmó, en diciembre de 2016, el archivo de otro procedimiento derivado de Brugal, el relativo al plan urbanístico del barrio de Rabasa, en el que también figuraban como investigados Castedo, Ortiz y varios técnicos municipales, por no apreciar indicios de delito.

La investigación del PGOU, una de las principales ramas del 'caso Brugal' y que aún carece de fecha de juicio, llegó hace un mes a la Sección Tercera a través del sistema automático de reparto del registro de la Audiencia, procedente del juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad, cuyo titular es Manrique Tejada, tras una década de pesquisas policiales y judiciales.

La Fiscalía Anticorrupción reclama provisionalmente 10 años de prisión para Castedo y 10 años y 2 meses para Díaz Alperi por favorecer, presuntamente, al empresario Enrique Ortiz en el diseño del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.

El ministerio público les acusa de delitos continuados de revelación de información privilegiada, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias y reclama para el propio promotor 8 años de prisión.

El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, sostiene que los exalcaldes aceptaron entre 2008 y 2010 diversas dádivas de Ortiz a cambio de favorecer sus intereses en el nuevo planeamiento y de facilitarle datos del mismo que eran aún confidenciales.

Junto a los políticos y el empresario se sentarán en el banquillo de los acusados un hermano de Castedo (José Luis), su socio en un bufete de abogados, Javier Gutiérrez, un hermano de Ortiz (Virgilio) y los empresarios Pablo Rico, Ramón Salvador Águeda y Santiago Bernáldez.