Día Sábado, 22 de Noviembre de 2025
CONCENTRACIÓN DE COCEMFE ALICANTE
Cuando la vivienda es una prisión

Miembros de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) de Alicante se concentraron ayer miércoles en la Plaza del Ayuntamiento para reivindicar que se garantice la accesibilidad en todos los edificios de viviendas.
Cocemfe Alicante reivindica la garantía de accesibilidad en todos los edificios de viviendas para que se ponga fin a la situación de discriminación que atraviesan algunas personas con discapacidad. La entidad alerta de que hay personas que no pueden salir de sus casas por falta de accesibilidad.
“Mi casa no es mi cárcel” es el lema con el que la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) y sus entidades, entre ellas Cocemfe Alicante, han dado a conocer la campaña ‘#Arrestópolis’, en referencia a aquellos edificios donde la falta de accesibilidad obliga a las personas con discapacidad a permanecer encerradas en sus propias casas en contra de su voluntad.
El miércoles se celebraron concentraciones en 37 ciudades españolas, entre ellas en la Plaza del Ayuntamiento de Alicante, para reclamar que se modifique la Ley de Propiedad Horizontal y eliminar así la actual limitación económica de 12 mensualidades de gastos de la comunidad para que sea obligatorio realizar las reformas de accesibilidad de la misma forma que las comunidades vecinales afrontan otras reformas ineludibles derivadas de las condiciones estructurales, la estanqueidad, la habitabilidad y la seguridad.
El presidente de Cocemfe Alicante, Antonio Ruescas, explica: “las personas con discapacidad necesitamos una casa en la que vivir y necesitamos poder salir y entrar en ella por nosotros mismos y por nosotras mismas, porque, de esta manera, tendremos la posibilidad de acceder a nuestro derecho al trabajo, a nuestro derecho a la educación y, no menos importante, nuestro derecho al ocio”.
Ruescas recuerda que esta problemática tiene su explicación en la Ley de Propiedad Horizontal. "Esta ley es la que regula todos los aspectos relativos a las comunidades de propietarios y propietarias, pues a pesar de que las personas con discapacidad también somos propietarias o inquilinas, no se nos tiene en cuenta de la misma manera que al resto de la población”, asegura.
Se han reivindicado ayudas específicas a todas las comunidades vecinales que deban afrontar este tipo de actuaciones, ya que actualmente solo el 10% de los edificios que realizan estas obras han obtenido subvención para llevarlas a cabo, destacan desde Cocemfe.
El 4 de diciembre de 2017 finalizó el plazo legal para que todos los productos, bienes, entornos y servicios fueran plenamente accesibles. ocemfe Alicante ha pedido que las diferentes administraciones, en el ámbito de sus competencias, den una respuesta satisfactoria a esta problemática y agilicen todos los trámites legales y administrativos necesarios para que los edificios sean accesibles y que la población en general respete los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica y colabore en su ejercicio efectivo.
“No podemos hacer depender la accesibilidad universal de los recursos económicos que tiene la ciudadanía”, apunta el presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga.
"Un edificio accesible es un edificio para todas las personas y realizar las obras necesarias para garantizar la accesibilidad es una inversión justa, y necesaria, puesto que, al fin y al cabo, nadie sabe si en algún momento de su vida va a necesitar estas adaptaciones”, señala.
En este sentido, el movimiento asociativo de las personas con discapacidad ha pedido a los poderes del Estado que trabajen en pro de las personas con discapacidad y lleven a cabo las acciones necesarias para que ninguna persona se vea en la tesitura de que no puede entrar ni salir de su casa, ya que, para vivir con autonomía y plena participación social es imprescindible la libertad de movimientos.
Además, entre las propuestas realizadas, figura que se prioricen las reformas integrales y la instalación de ascensores o rampas siempre que sea posible, en vez de optar por aquellas actuaciones que facilitan la movilidad pero requieren más mantenimiento o la intervención de terceras personas como pueden ser un elevador o un salvaescaleras.
La campaña busca también la colaboración de todos los actores implicados para encontrar en cada caso la mejor solución de accesibilidad, ya que estas medidas son fundamentales para conseguir edificios para todas las personas, garantizar los derechos de las personas con discapacidad y avanzar hacia la autonomía personal para alcanzar una vida independiente.













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