Todos contra los depósitos de fuel en el Puerto de Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha explicado que los macrodepósitos de carburantes propuestos en el Puerto "no forman parte del modelo de ciudad que Alicante quiere", por lo que, según ha anunciado, el consistorio ha presentado en el Puerto las alegaciones contra su instalación.

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha argumentado que "las actividades que se hagan en el puerto tienen que estar en consonancia" con ese modelo de urbe por el que han apostado los ciudadanos.

Las alegaciones hacen constar, en primer lugar, que la actuación prevista "choca frontalmente con el histórico espíritu de lealtad institucional y de colaboración entre el Ayuntamiento de Alicante y la Autoridad Portuaria para favorecer la integración puerto-ciudad".

Los usos y aprovechamientos previstos para los depósitos de carburantes son "manifiestamente incompatibles con el modelo de ciudad y el marco de progreso que queremos para Alicante", según las alegaciones.

A este respecto, el alcalde ha incidido en que "el Puerto no puede dar la espalda al sentir de toda una ciudad que, de forma unánime, ha manifestado su más absoluto rechazo a una actuación que obedece meramente a un interés comercial de la mercantil concesionaria del Puerto".

Una actuación que, además, según el ayuntamiento, "vulnera directamente el interés general de los ciudadanos y su derecho a que su ciudad les brinde unas condiciones óptimas de salubridad, seguridad, calidad paisajística y vida saludable".

"No queremos los depósitos de combustibles y esa es una postura totalmente inamovible", ha subrayado Barcala.

Las alegaciones hacen alusión, igualmente, "a la vulneración del convenio de 1995 suscrito por el propio Puerto de Alicante, además de por el Ayuntamiento, la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Fomento".

"Esta actuación hace saltar por los aires el consenso histórico para la erradicación de este tipo de instalaciones en el Puerto de Alicante y que fue un hito histórico para la ciudad", según el consistorio.

Dicho convenio "establece literalmente que las instituciones públicas intervinientes consideran que en el futuro no debe haber instalaciones de almacenamiento y distribución de productos petrolíferos en el Puerto de Alicante", sostiene la corporación local.

A este respecto, Barcala ha destacado que "el propio Puerto suscribió este convenio, por lo que esta actuación contraviene sus propios actos, lo que no tiene ningún sentido. Lo que pedimos, por tanto, es coherencia", ha indicado.

Otros argumentos esgrimidos en el documento de las alegaciones contra la instalación de los depósitos de combustible son que la actuación no reúne supuestamente los requisitos legales para que pueda realizarse la evaluación ambiental "en su conjunto", ya que "no se considera la repercusión global de los distintos aspectos ambiental de la actividad".

En este sentido, el alcalde ha hecho hincapié en que "la tramitación ambiental debe realizarse teniendo en cuenta todas y cada una de las instalaciones pretendidas por la mercantil y la afección que la actividad pueda producir en su conjunto".

"Lo que no es de recibo es presentar un proyecto intencionalmente incompleto para que las licencias ambientales se tramiten por separado, eludiendo de esta forma que se pueda contemplar el impacto de la actuación global", ha señalado.

Del mismo modo, el consistorio arguye en sus alegaciones que en el trámite ambiental no se han trasladado las medidas de protección que se establecen para los supuestos de accidentes.

Por ello, aduce, "la inexistencia de esa documentación supone la nulidad del trámite de consultas, dado que es un requisito previo para el inicio de la tramitación, como claramente se desprende de la normativa aplicable".

Por su parte, Guanyar Alacant también ha presentado alegaciones en la sede de la Autoridad Portuaria de Alicante contra la modificación sustancial de la concesión portuaria que permitiría la instalación de una macroplanta de almacenamiento y distribución de combustibles en el Puerto de Alicante.

Se trata de seis alegaciones. En la primera se recuerda el compromiso que adquirió la Autoridad Portuaria en 1995 mediante la firma de un convenio en el que figura expresamente que en el futuro no debe haber en el Puerto de Alicante instalaciones como la que ahora se plantea. "Entendemos que nunca debió darse trámite a la solicitud y solicitamos que el expediente se retrotraiga al momento en el que debió inadmitirse una solicitud que, de prosperar, podría dar lugar a consecuencias de responsabilidad patrimonial al haberse destinado fondos públicos europeos al traslado de los antiguos depósitos de CLH", explica el portavoz de Guanyar. Miguel Ángel Pavón 8en la imagen). 

En una segunda alegación, Guanyar considera que es "absolutamente incompatible" el proyecto pretendido con el objetivo estratégico de integrar el ámbito portuario con el tejido urbano circundante. En la tercera alegación la formación critica la "ausencia absoluta" de documento alguno que analice, aunque sea someramente, el impacto ambiental sobre el entorno urbano y natural, el riesgo para la seguridad de las personas y de los bienes situados en el entorno portuario en caso de accidente grave, o el impacto paisajístico de unas instalaciones que cuentan con una altura de 30 metros, equivalente a un edificio de 10 plantas.

En la cuarta alegación denuncian que puede considerarse un "fraude de ley" el fraccionamiento del proyecto en dos fases al impedirse la evaluación del proyecto global. En la quinta se señala que podría incumplirse la normativa sobre contratación pública y libre competencia si no se licita de nuevo la concesión otorgada en su momento a TMS al variarse sustancialmente las condiciones que en su día se tuvieron en cuenta para licitar la concesión. En la última, Guanyar expresa sus dudas sobre la solvencia económica de la empresa que pretende instalar la macroplanta en el Puerto, tanto por el insuficiente importe del aval depositado (unos 100.000 euros, un 2% del presupuesto de ejecución material, PEM, de la primera fase, y un irrisorio 0,32% del PEM del proyecto global), como por tratarse de una empresa que tiene un administrador único con cuya capacidad económica dudan que pueda ser capaz de sacar adelante en solitario un macroproyecto de este tipo.

Por su parte, el grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alicante también ha presentado alegaciones. La portavoz, Yaneth Giraldo (imagen inferior), explica: "Las alegaciones que hemos presentado refuerzan nuestra postura en el pleno, en apoyo a la declaración institucional que aprobamos todos los grupos. Los vecinos de Benalúa Sur y de San Gabriel no se merecen un proyecto que de ejecutarse devaluaría los parámetros de calidad de vida de la ciudad". 

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante se considera satisfecho de la movilización ciudadana y política para rechazar la construcción de depósitos de combustible en el Puerto de Alicante.

"Volvemos a pedir máxima unidad de todas las administraciones y de la ciudadanía para oponernos a este proyecto que será negativo para la relación del puerto con la ciudad de Alicante", ha destacado Natxo Bellido, portavoz de Compromís.

El grupo municipal presentó el pasado viernes las alegaciones al expediente de modificación de la concesión que permitiría la instalación de depósitos de combustible en una parcela del Puerto de Alicante.

"Las alegaciones están basadas tanto en alegaciones al expediente como alegaciones al proyecto", ha destacado Natxo Bellido.

"La causa aportada en el expediente para una modificación sustancial de la concesión no se adecúa a las causas recogidas por la ley para este tipo de modificaciones y esto nos puede llevar a la perdida de fondos europeos y a recursos de otros operadores de hidrocarburos interesados que podrían impugnar el procedimiento y solicitar que se haga un concurso para optar a la concesión", ha añadido Bellido.

En cuanto a las alegaciones al proyecto presentado, Compromís ha remarcado su preocupación por la inclusión en el proyecto de operaciones de Bunkering (traspaso de combustible de un barco a otro), una práctica ampliamente discutida por su peligrosidad y frecuentes vertidos, y que en este caso es todavía más preocupante por la cercanía de la instalación a la reserva marina de la Isla de Tabarca.

Entre las alegaciones presentadas por la coalición se encuentran las dudas suscitadas por un proyecto que únicamente habla de instalación de la primera fase de 112.000 m³ de sin cerrar la parcela para la segunda fase que supondría la instalación de depósitos con capacidad para 600.000 m³.

Pero además, el proyecto no cuenta con la declaración de Impacto Ambiental necesaria y que debería evaluar ambas fases de la instalación,algo "imposible", según la coalición, ya que la segunda fase todavía no está redactada.

Compromís también ha reclamado en sus alegaciones diversas faltas respecto a seguridad en el proyecto como es la inexistencia de un plan de emergencias y evacuación o la falta de medidas detalladas de contención de fugas en el caso de anormal funcionamiento o accidentes graves. El proyecto tampoco se plantea la aspiración de vapores en las zonas de interconexión en las operaciones de carga y descarga ni medidas específicas correctoras de impacto en las operaciones de carga y descarga de combustibles. Además, según la coalición, no se ha justificado en el proyecto la compatibilidad del tráfico marítimo implícito en esta actividad con el tráfico global del Puerto.

La coalición a llamado a la unidad para oponerse a estos depósitos, una unidad que ya se dio en el año 1995 cuando la Generalitat Valenciana, el Ministerio de Industria y Energía, el Ayuntamiento de Alicante y la Compañía Logística de Hidrocarburos firmaron un acuerdo para trasladar fuera del puerto los depósitos de CAMPSA. En dicho acuerdo se recoge que "las instituciones públicas intervinientes consideran que en el futuro no debe haber instalaciones de almacenamiento y distribución de productos petrolíferos en el Puerto de Alicante".

Desde la coalición han destacado que "las condiciones que hace más de 20 años llevaron a trasladar los depósitos de CLH fuera del puerto están aun más vigentes ya que en la actualidad no ha dejado de crecer la población residente en el entorno portuario, cuya seguridad se vería seriamente afectada en caso de accidente".