El PP sale en defensa de los apartamentos turísticos

El PP de la Comunidad Valenciana ha adoptado una posición de clara defensa de los apartamentos turísticos en un momento en el que se han generalizado los ataques a este sector. Mientras que desde las patronales hoteleras y desde el propio Consell se trata de vincular a los apartamentos turísticos con la "ilegalidad", la "irregularidad", la "clandestinidad" y la "competencia desleal", el Partido Popular se ha lanzado casi en solitario en defender a este sector económico. 

Un ejemplo lo dio ayer la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, quien participó en un acto en Xàbia con representantes del sector y concejales de municipios turísticos de la provincia de Alicante y el sur de Valencia. El objetivo era explicar la ley de turismo que, según aseguró, "está destrozando a los apartamentos turísticos, que representan el 52% de la oferta reglada". 

"Ya advertimos de que iba a ocasionar numerosos problemas. Exige que, para darse de alta en el registro reglado de apartamentos turísticos, sea necesario un informe municipal de compatibilidad turística", alertó Bonig.

"Esto ha originado un caos porque los ayuntamientos desconocen en qué consiste, cómo elaborar ese informe o, incluso, la imposibilidad de hacerlo porque en su plan general no tienen contemplado el turístico dentro de los usos del suelo", señaló.

"El resultado es que se alquilan apartamentos de forma irregular porque no se pueden regularizar, aunque quieran hacerlo", dijo Bonig, quien remarcó: "Esta ley, en lugar de dar una solución, es un obstáculo, y solo el PP votó en contra en Les Corts".

Además, aseguró que "la solución que da el secretario autonómico es modificar los planes generales, lo que puede tardar años. "Tenemos una ley que no sirve para nada y, en lugar de resolver los problemas, los crea. Una ley marca Puig", apuntó.

El PP explica que los apartamentos turísticos representan el 52% de la oferta reglada, con cerca de 250.000 camas y un movimiento de 2.500 millones de euros anuales, y generan 6.500 empleos directos, el 90% fijo.

"En un momento en que el turismo va bien pero hay presión de otros destinos turísticos competidores, la administración debe apoyar en lugar de poner trabas. Por eso hemos solicitado la suspensión de ese artículo, su paralización y que el informe de sostenibilidad se sustituya por el de ocupación, que no ofrece problemas", anunció Bonig.

"La ley se ha elaborado al margen del sector y obstaculiza a quien lo quiere hacer bien. Una ley 'made in Puig y Sánchez': mucha filosofía, muchas promesas, pero ni una sola realidad que resuelva los problemas", señaló.

Bonig alerta de que "el sector está enfadado". "No se puede entender cómo pueden jugar y poner en riesgo el turismo, una de las fuentes de riqueza y empleo de esta Comunitat".

"Hay mucha preocupación porque incluso a los apartamentos ya reglados ahora anuncian que tienen que obtener ese informe y ajustarse a esta normativa en dos años", indicó.

A su juicio, "el desastre es tan grande que se corre el riesgo de cargarse" una de las "principales industrias" de la Comunitat.

"Hay mucha preocupación y parece que el actual gobierno está al servicio de determinados empresarios que son solo una parte y olvidando a otro sector muy importante que es el de los apartamentos turísticos", ha añadido.