La Ley de Propiedad Intelectual inquieta a los hoteleros

Hosbec considera que los principales partidos “han cedido ante la presión del poderoso lobby de las entidades de gestión” y les acusa de no preocuparse por conocer “el impacto y la opinión de miles de empresas del sector turístico”.

A juicio de la patronal hotelera, las enmiendas presentadas por PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos “debilitan el ya de por sí frágil mecanismo de control de precios” que se había aprobado.

Ha recordado Hosbec que son muchas las ocasiones en que las entidades de gestión “han abusado de su poder en el mercado para imponer precios abusivos y discriminatorios”. Ello ha motivado que durante años la problemática se haya dirimido en los tribunales de justicia.

La patronal insiste en que después de muchos años de conflicto tanto el Tribunal Supremo como la Comisión Nacional de Mercados y de Competencia fijaron los criterios para garantizar la equidad de los precios, que posteriormente fueron trasladados a la ley.

Aquello derivó en la creación de un organismo independiente –la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual- que tenía la competencia para decidir los precios en caso de discrepancia. 

“Los principales grupos parlamentarios han decidido volver al pasado sin dar tiempo a que el nuevo sistema demuestre su eficacia”, sostiene Hosbec, que añade en su comunicado que “se trata de impedir que las empresas turísticas tengan la posibilidad de discutir los precios que les imponen las entidades de gestión y confiar en un tercero independiente”.

La patronal hotelera denuncia que las enmiendas pretenden impedir que las asociaciones empresariales “puedan utilizar ese sistema alternativo de fijación de precios ante un órgano independiente”.

Para aclarar su posición, los hoteleros resumen que lo que reclaman es que las entidades de gestión “no fijen los precios libremente y a su exclusiva conveniencia” sino que se les obligue a negociarlos con el sector o, en caso de discrepancia, que la decisión la tome un órgano imparcial.

Por último, la patronal pide a los grupos políticos que “reconsideren” las enmiendas presentadas y añade que este nuevo riesgo económico “favorece de forma clara” a la oferta ilegal de viviendas que “no pagan canon alguno a ninguna entidad de gestión”.