El PP exige a Puig que se persiga a quien puso lazos amarillos en València

La verja exterior de esa estación ha amanecido este miércoles con una veintena de lazos amarillos atados a ella, según han confirmado a Efe fuentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que han añadido que fueron ya retirados.
 

En declaraciones a los periodistas antes de participar en un consejo de dirección del PP provincial de Alicante, Isabel Bonig ha señalado que Puig es el "máximo responsable" de la Comunitat, por lo que "debe salir inmediatamente a condenar estos hechos y a perseguir a los culpables".
 

Para la líder del PPCV, esos lazos amarillos son "el ejemplo de la ruptura y la convivencia democrática", por lo que el PP de València y el autonómico no van a "permitir ni a consentir esas actitudes antidemocráticas" y que "esos proyectos que quieren romper la convivencia pacífica y democrática se trasladen a esta comunidad".

Ha comentado que la Estación del Norte, ya centenaria, es un símbolo, y ha proseguido que estas situaciones "hay que erradicarlas desde el principio" por parte de "la máxima autoridad" de la Comunitat Valenciana.
 

Bonig ha opinado que esta colocación de lazos amarillos tiene relación con "esos tuits" del presidente de Les Corts Valencianes, Enric Morera, que el pasado domingo afirmó que "no tienen ningún sentido ni base jurídica mantener en prisión preventiva" a los políticos, exconsellers y líderes independentistas catalanes encarcelados.
 

"Le exijo a Puig que si no ha tenido valor ni agallas para reprobar al president de Les Corts, la segunda autoridad y que cobra más que él, que tenga valor y agallas para defender esta tierra, la unidad de España y la convivencia", ha indicado.
 

Bonig también ha hecho referencia a que su partido acaba de pedir en la Cámara autonómica la reprobación de Morera por esos comentarios, ya que "no puede ser que, gratuitamente, reconozca a unos presos políticos, porque es mentira".
 

"La libertad de expresión no puede suponer nunca jamás que la segunda autoridad de la comunidad autónoma atribuya delitos a un juez" con el argumento de que "no había base jurídica para que los exconseller estén en la cárcel", ya que estas actitudes suponen "la muerte del Estado de Derecho".