Indignados

Si algo nos han enseñado estos diez años de crisis ha sido que cualquiera de nosotros es susceptible de ser usuario de los servicios sociales. La jefa en el trabajo, el vecino de arriba, el señor que pasea al perro, una amiga, tu madre, tu padre, tu hermana, tú, yo... Cualquiera puede perder su empleo, apurar y consumir todas las ayudas sociales hasta quedarse sin nada y empezar a acumular cuotas impagadas en el banco o al arrendador. Y cuando las cosas van mal, lamentablemente, siempre pueden ir peor. Es entonces cuando decides acudir al centro social de tu barrio y pedir ayuda, esperando un soplo de oxígeno que te salve del desahucio y te permita recuperar el ánimo, fundamental para superar este tipo de coyunturas. Pedir ayuda no es indigno, ni mucho menos. Para eso precisamente se pensaron los servicios sociales: para atender a quienes más lo necesitan en los peores momentos. Lo que es indigno es que la ayuda y la atención que mereces y necesitas se demore sin razón.

Esto es lo que está sucediendo en Alicante. Lista de espera de hasta cinco meses para conceder una cita. Ahí es nada. Luego, se inicia el trámite de la ayuda que necesites, que puede prolongarse algún mes más. Cuando la ayuda llega, si llega, ¿qué situación de emergencia habrá resuelto? No hay excusa que valga para justificar semejante desastre en la gestión de los recursos dirigidos a las personas más vulnerables. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

El tripartito se postuló al gobierno criticando gravemente al Partido Popular. Alertaban del incremento de la pobreza infantil y prometieron comedores sociales para evitar que ningún niño alicantino pasase hambre. Demagogia aparte, al llegar, se encontraron con una espléndida red de infraestructuras y recursos sociales repartidos por toda la ciudad y una concejalía de Acción Social solvente, bien estructurada, que funcionaba sola. Con departamentos diferenciados por áreas pero conectados y coordinados entre sí, como apunta la lógica y la coherencia organizacional.

¿Qué hicieron entonces? Para empezar, reventaron los servicios sociales fracturando la concejalía en cuatro partes, a fin de satisfacer las deudas electorales de los tres partidos que integraron el gobierno municipal. La división no respondía a una razón técnica, ni de eficiencia, ni de economicidad, ni de funcionalidad, ni de mejora en la calidad del servicio. Para nada. Se hizo solo y exclusivamente por un interés partidista, en detrimento del interés de la ciudadanía. Así todo. La Concejalía de Acción Social suma su tercer concejal en lo que va de mandato y, al paso que vamos, podría haber un cuarto. 

Romper en pedazos lo que se había construido durante veinte años es relativamente sencillo, aunque poco práctico. Levantar desde cero cuatro concejalías que no existían, que no disponían de espacio físico donde ubicarse, ni personal para asumir sus competencias, lleva tiempo. Hasta un año tardó Inmigración en echar a funcionar. Otras, ni eso. Aún hoy, hay departamentos que no se localizan en la web municipal siquiera. Para los ciudadanos, identificar a qué concejalía deben acudir para resolver asuntos sociales puede ser una tarea muy complicada, casi imposible. Cuando la tendencia es facilitar el acceso a los usuarios y canalizar la atención a través de una ventanilla única; cuando lo más aconsejable -y obvio- es la coordinación de servicios y el uso compartido de recursos e información para garantizar la atención de calidad y evitar duplicidades; cuando los servicios sociales están progresando hacia estrategias más colaborativas e innovadoras, aquí en Alicante, se involuciona y se dilapidan de una vez los logros conseguidos después de décadas.

La delegación de competencias por parte de Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, sin planificación previa ni dotación suficiente de recursos, ha estrangulado el funcionamiento de los servicios sociales municipales. Muchos de los trabajadores sociales disponibles han tenido que sumarse a tareas de valoración de dependencia o a la tramitación de ayudas autonómicas para sacar adelante el trabajo impuesto desde el Consell, lo que ha provocado, en consecuencia, la desatención y el bloqueo de otros servicios básicos. En Diciembre del pasado año, por ejemplo, se acumulaba más de un millón de euros de convocatorias de ayudas a proyectos sociales sin resolver.

Los intereses partidistas, los constantes conflictos en el tripartito, los procesos judiciales del alcalde, las negociaciones para mantener el gobierno “progresista” y evitar la entrada del Partido Popular, la incertidumbre sobre una próxima investidura, la investigación sobre la financiación de PSPV y el Bloc... En estos tres años, el gobierno liderado por los socialistas ha estado demasiado ocupado en sus asuntos y no ha tenido tiempo para atender como es debido a todas esas personas que soportan, indignados, una lista de espera de hasta cinco meses en su centro social más cercano. Indignante.

* Israel Cortés es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alicante.