Marmarela pide a Pavón que investigue el expediente y admita que el complejo es legal

La mercantil Puerta de Mar y Ocio, promotora y propietaria de las instalaciones del complejo Marmarela, explica en un comunicado que tiene en su poder un certificado del Ministerio de Fomento que demuestra que el Plan de Utilización de los Espacios Portuarios (PUEP) está en vigor desde el 31 de julio del 2006 por orden FOM/24/2006, en contra de lo que en su día dictaminó la Concejalía de Urbanismo, lo que propició en los primeros meses de funcionamiento del complejo "un perjuicio para sus promotores, por la inseguridad jurídica que se creó y las sanciones administrativas, criticas sociales y mediáticas que soportaron hasta obtener en diciembre de ese mismo año la licencia de actividad definitiva".

Por todas estas razones, los responsables de la mercantil han registrado esta misma mañana en el Ayuntamiento de Alicante un escrito dirigido al concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, con toda la documentación relativa al expediente de Marmarela, pidiéndole la apertura de una investigación interna que permita depurar las responsabilidades y reconocer la legalidad del complejo Marmarela.

En la documentación se demuestra, según la nota enviada por la mercantil, que el mismo jefe del Departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Alicante que dictaminó en el verano del 2014 que el proyecto de Marmarela carecía de compatibilidad urbanística (desestimando el PUEP), "autorizó posteriormente al amparo de la citada norma de utilización de espacios portuarios la instalación de la Oficina de Turismo que el Ayuntamiento ha proyectado en el puerto".

"ALARMA SOCIAL INJUSTIFICADA"

Asimismo, y tras superar el pasado viernes el informe del Organismo de Control Administrativo externo que la Generalitat encargó como garantía para la licencia del complejo tramitada por la Sociedad Proyectos Temáticos, piden al concejal una rectificación de las declaraciones que efectuó el día 16 de septiembre justificando el cierre del complejo por "carecer de licencia municipal" y creando una alarma social injustificada al asegura que "si ocurriera cualquier percance con efectos sobre la vida o la integridad de las miles de personas... el último responsable iba a ser el Ayuntamiento".

Los responsables de la mercantil creen que "Pavón tiene ya toda la documentación de nuestra licencia de apertura y, si no toma medidas, llevaremos ante los tribunales todo el expediente administrativo para demostrar que nuestra mercantil ha sido y sigue siendo la víctima o el daño colateral de la política peor entendida, y para exigir los daños y perjuicios que sufrimos en 2014 y los generados en los últimos meses".

Estas nuevas acciones legales se sumarían a las ya emprendidas la semana pasada contra la Autoridad Portuaria de Alicante, a quien exigen judicialmente que desestime la anulación de ocupación de los terrenos portuarios del complejo Marmarela, dictaminada con fecha 24 de abril, en la que se apoyó Pavón para decretar el cierre de las instalaciones la semana pasada.

Los responsables de Marmarela aseguran que "Gisbert [presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante] y Pavón, incomprensiblemente, no sólo están actuando contra nuestra mercantil sino contra la prestación de los servicios para la Volvo Ocean Race acordados con la Generalitat, intentando a cualquier precio el cierre de un complejo que consideran herencia del pasado, sin valorar de forma objetiva si cumplía y cumple con la legalidad, si permitió y permite la recuperación de la dársena interior del puerto y genera desde entonces ingresos para las instituciones públicas, y si benefició y beneficia a la ciudad como oferta de ocio de calidad, integrada en Alicante, sin molestia alguna, y generadora de un centenar de puestos de trabajo".