Las facturas "troceadas" de Comercio abren una crisis en el Ayuntamiento de Alicante

Las peticiones del PP, Ciudadanos y Podemos se producen tres días después de que el gobierno tripartito de Alicante, integrado por el PSOE, Guanyar y Compromís, elevara al Consell Jurídic Consultiu (CJC) facturas de Comercio por valor de 189.700 euros, en una decisión "transparente", según señaló entonces el alcalde Gabriel Echávarri, para aclarar unos reparos expresados por el interventor municipal. Pero pese al anuncio del alcalde, intentado revestir de normalidad el asunto, las cosas se complican cada vez más. 

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala, ha solicitado por escrito los expedientes "para investigar el posible fraccionamiento de facturas" y ha añadido que también ha reclamado la relación completa de pagos realizados con cargo a partidas presupuestarias de Alcaldía relacionadas con el área de Comercio. "Se trata de los informes por los que Intervención rechaza el pago de las facturas indicadas y que habrían motivado la apertura del expediente de anulación de los contratos menores", ha explicado.

CIUDADANOS PIDE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, ha anunciado que pedirá en el próximo pleno crear una comisión de investigación para que se aclaren las irregularidades detectadas. Para Giraldo "es fundamental disipar cualquier duda de que se trocearon algunas contrataciones para beneficiar a determinadas empresas saltándose la legislación vigente y, más en concreto, el tope de 18.000 euros para las llamadas adjudicaciones menores".

Pero las críticas no llegan sólo de los partidos de la oposición. Podemos Alicante, que forma parte de Guanyar socio en el tripartido, ha emitido otra nota en la que informa de que ha pedido una reunión con el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, para instar a su intervención en este asunto que, cree este partido, "podría derivar en una grave crisis política en una ciudad tan humillada recientemente por los casos de corrupción".

Consultadas por Efe, fuentes de la Alcaldía han señalado que "no hay más ejercicio de transparencia que nosotros mismos decir lo que ha pasado y acudir al CJC", y se han remitido a las declaraciones del pasado día 5 del alcalde, cuando dijo que se trataba de una decisión de "valentía y transparencia".

Entonces, Echávarri aseguró que no hay discrepancias en cuanto a los pagos, por 189.700 euros, que han sido abonados por "servicios prestados a precio de mercado", sino en cuanto al expediente administrativo que se ha seguido, y que contó con los reparos del interventor pero, por el contrario, el visto bueno de los servicios jurídicos.

Ante estas discrepancias, se decidió consultar al CJC mediante un procedimiento de nulidad para que ese órgano consultivo aclare si hay o no problema, y si decreta que no es correcto, el alcalde avanzó que se cambiarán en adelante los protocolos en la concepción de los expedientes administrativos para que la situación no se vuelva a repetir.

*Imagen superior: El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, en una rueda de prensa junto al asesor de Comercio, Pedro de Gea.